Un oficial de Justicia y un martillero público, munidos de la correspondiente orden judicial emitida por la jueza en lo Civil y Comercial Ana María Bonadero de Barberis, procedieron al secuestro de prácticamente todos los bienes mueble de la sede la Obra Social Bancaria Argentina, Solidaridad, ubicada en Tucumán y San Martín, ante la mirada atónita de algunos de los empleados y el secretario General del gremio bancario Luis Juárez, a pesar de que el sindicato no tiene injerencia ya que Solidaridad está intervenida.
La acción fue resulta por la Justicia tras comprobarse la falta de pago de los honorarios del abogado demandante en un juicio perdido por la obra social en cuestión.
El caso inició el año pasado, cuando una afiliada había demandado a la entidad bancaria por no ofrecerle una prótesis de cadera importada (por normativa, la obra le había ofrecido una prótesis de fabricación nacional que no aceptó).
Finalmente, la filial perdió aquel juicio y por ende quedó en deuda con las costas de los honorarios del abogado ejecutante, Jorge Pippino.
La supervisora local de Solidaridad, Noris Martínez, graficó a EL DIARIO el crítico panorama: "En su momento, la deuda era de cerca de $1.500 pero con intereses se incrementó alrededor de $4.000. Como nuestra obra social está intervenida actualmente a nivel nacional debido al caso Zanola (la resonante causa de la venta de medicamentos truchos que implica al gremio bancario), la central de Buenos Aires se desentendió de nuestra situación y nos dejó sin alternativa", expresó.
"Es más, el abogado de capital nos dijo 'que se lleven todo total después compramos todo nuevo'", añadió con desesperanza.
La obra social cuenta en la actualidad con 500 afiliados, cinco empleados (de entre 20 y 30 años de antigüedad) y un médico auditor.
Por su parte, la Bancaria, en un gesto solidario, se comprometió a prestar mobiliarios a la entidad hasta que se normalice la situación.
Consultada acerca de las acciones a tomar por parte de los empleados, Martínez indicó: "El lunes sólo nos queda ir al Ministerio de Trabajo", sin esconder en absoluto la preocupación que les causa a los empleados la posibilidad de perder la fuente laboral.