“Vivía feliz con mi marido, no tenía mayores problemas y pesaba 50 kilos”, dijo Ivana Chialvo, una de las seis mujeres que presentarán la denuncia por acoso sexual y laboral. Antes de romper en llanto, Ivana comparó su pasado con el presente: pesa 100 kilos, tiene que hacer tratamiento psiquiátrico, está inestable emocionalmente y tiene una imposibilidad para seguir trabajando. ¿Qué pasó para que cambiaran tanto las cosas? “Desde que entré a Tránsito, viví un calvario”, dice la joven mujer que sigue contratada en la Municipalidad, pero que tramita una jubilación por no poder seguir adelante con las responsabilidades laborales.
Acompañada por su esposo, su hermana y su padre, quien es también empleado municipal, empezó su relato: “Entré en febrero de 2001, cuando Rubén Quevedo -actual secretario del Interior del SUOEM- era el encargado; Fabián Carranza -Adjunto de licencia del mismo gremio- era el coordinador y Juan Vázquez, estaba ahí controlando. Desde el primer momento, sufrí el acoso de Quevedo, estaba obsesionado. Un día, fui a ver mi cofre donde guardábamos nuestras pertenencias y me encontré que estaba sin llave. Adentro había un perfume con una tarjetita que decía ‘Esta noche vas a ser mía’.
Siempre tuvo negativas de mi parte y por eso me amenazaba con hacer rescindir el contrato mío y el de mi esposo, que por entonces también estaba en la Municipalidad.
Una noche, cuando fui al baño, se metió tras de mí y quiso agarrarme por la fuerza. Me defendí con un palo y salí de la dependencia a esperar afuera que se terminara mi turno.
Después de eso, estuve seis veces internada por problemas psicológicos, engordé 50 kilos y mi vida no es igual”.
El caso de Chialvo es el más contundente, pero en la rueda de prensa de ayer, había otras mujeres que contaron su padecer.
Tal el caso de Marcela Quiero, quien defendió su trabajo porque mantiene a su hijo, pero como no accedió a las propuestas sexuales que uno de los encargados le hacía permanentemente, “finalmente no me renovaron el contrato”. También ella está inestable emocionalmente “porque fue horrible todo lo que tuvimos que vivir”.
Otro caso fue el de Liliana Arce, una mujer que fue despedida (no le renovaron el contrato) cuando estaba con carpeta médica, dado que se quebró en el trabajo. “Estaba en tratamiento por la ART y no les importó nada. Hoy tengo dificultades graves en una pierna y me cuesta mucho volver a empezar.”
El relato se repite. Saben que contar lo vivido puede ayudar a otras personas que tal vez pasen lo mismo a denunciarlo y hablar de lo ocurrido es terapéutico.
Después de años, se animaron a contarlo y a denunciarlo, para pedir que se haga Justicia.

“El asedio es violencia”

La denuncia de Ivana Chialvo, Liliana Arce, Marcela Quiero, Miriam Testera, Paula Monetto y Claudia Gandioni está patrocinada por la abogada de la CTA Cecilia Pérez Correa, quien en la rueda de prensa de ayer dejó claro que el acoso “es un acto de violencia”.
La presentación es contra las personas de Fabián Carranza, Rubén Quevedo y Juan Vázquez, pero también contra la Municipalidad.
Las demandas van de los 100 mil a los 300 mil pesos.
“Ellas vivieron la amenaza permanente de quedarse sin trabajo. Eso pasa por las condiciones de precarización que representan los contratos”, agregó la letrada.
Destacó que hay un marco legal que defiende a las mujeres y que habla específicamente de la gravedad que representa que funcionarios del Estado sea autores, cómplices por acción u omisión de estos hechos.