Los propietarios de cuatro boliches que tuvieron sus puertas cerradas durante varios fines de semana, por no cumplir todos los requisitos que establece la ordenanza para su rehabilitación, cuestionaron, a través de una carta enviada a los ediles, al intendente Guillermo Cavagnero con duros términos.
El disparador fue el proyecto de la Tarifaria 2010, que estipula aumentos en la Tasa de Industria y Comercio. “Habría un aumento en la mensualidad que abonamos (en concepto de esa tasa), la cual elevaría nuestro canon mensual de 1.100 pesos a 5.000 pesos. El incremento, del 355%, pasa a ser de carácter confiscatorio e inconstitucional”, señalan Roberto Benítez, de Ciro; Javier Soria, de Aruba; Alfredo Montuori, de Deep y Daniel López, de Quinoto, en la misiva a la que tuvo acceso EL DIARIO.
“No sabemos quién fue el ideólogo de tal aumento irracional, ya que sólo una persona no apta para tal determinación puede creer que aumentar los impuestos en un porcentaje como el mencionado va a ser aceptado”, indican.
Los empresarios de la noche sostienen que “el Ejecutivo jamás da explicaciones de lo que hace y el porqué” y cuestionan diversos aspectos relacionados al personal adicional de Policía y de Tránsito.
Los bolicheros señalan que recurren a los ediles “a fin de que se ponga un coto a los excesos y persecución que venimos soportando por parte del Ejecutivo, a través del área respectiva -en alusión a Seguridad Ciudadana-” y consideran que los requisitos que le solicitan deben exigirse a toda la ciudad, como “planos con final de obra, cloacas por donde no pasa la red, etcétera”.
“¿Qué contemplación nos da el municipio para que abonemos semejante importe mensual?”, se preguntan luego de recalcar que “la Tasa de Industria y Comercio tiene que tener, como contrapartida, algo por parte del municipio, ya que para eso es una tasa y no un impuesto”.
“Años atrás, el ex intendente Marcelo Frossasco nos pedía a gritos que instaláramos nuestros comercios y, luego de dos años de trabajo continuo y sin ningún inconveniente, desde hace unos meses se ha tornado imposible trabajar en forma tranquila, ya que todos los días que abrimos nos encontramos con actas de infracción”, denuncian.
“Todo es una persecución para que cerremos los negocios y nos volvamos a Villa María”, sostienen los dueños de las discos, y adelantan que iniciarán acciones judiciales si prospera la iniciativa oficialista, por considerar una “confiscación” el cobro pretendido.