La abogada cordobesa Cecilia Pérez Correa presentó ayer formal demanda contra dos empleados jerárquicos de la Municipalidad de Villa María, quienes hace un par de semanas fueron denunciados públicamente de haber cometido acoso sexual y laboral en perjuicio de dos trabajadoras.
La presentación se realizó a media mañana en el Juzgado de Conciliación de los Tribunales locales y alcanza a los conocidos dirigentes Rubén Alberto Quevedo y Néstor Fabián Carranza, quienes desempeñan tareas gremiales en el SUOEM.
Ambos escritos, de similares características y con 10 carillas cada uno, están caratulados como “demanda ordinaria - violencia laboral - discriminación” y exigen una reparación por daño material emergente, lucro cesante y daño moral.

Elevadas sumas

Por un lado, la trabajadora Ivana Verónica Chialvo, de 30 años, planteó que requiere “el pago de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de los actos de acoso sexual laboral, hostigamiento laboral y discriminación cometidos por Quevedo y consentidos por mi empleadora (el municipio), los que en forma estimativa se establecen en 579.432,30 pesos”.
En tanto, su compañera Mónica Marcela Quiero, de 34 años, plantea un reclamo de similares características, pero en contra de Carranza y la Municipalidad, por un monto de 92.547,32 pesos.

El “caso Chialvo”

En las extensas demandas, a las que tuvo acceso EL DIARIO, las demandantes describen minuciosamente los hechos que las tuvieron como víctimas de los jerárquicos denunciados.
En uno de los párrafos de su demanda, Chialvo destaca que “en reiteradas ocasiones, Quevedo arbitraba los medios para ejecutar más libremente su persecución hacia mi persona, disponiendo y planificando la prestación de servicios de tal forma que se facilitara el acercamiento y él pudiera estar a solas conmigo para asediarme con halagos obscenos, miradas insinuantes, roces y abordajes no queridos ni consentidos por mí”.
“Esta situación de hostigamiento y persecución -continúa la trabajadora- fue el desencadenante de un estado de alteración psiquiátrica provocada por la terrible tensión que debí soportar a consecuencia del acoso sufrido (...) a manos de mi superior Quevedo, que derivó en una crisis por la cual se me indicó una prolongada licencia por enfermedad psiquiátrica (...)”.
Chialvo destaca que en un marco de inestabilidad e incertidumbre laboral, Quevedo la hizo “objeto de reiterados actos de acoso sexual” (...) y que aludía a distintas partes de su cuerpo (como los glúteos y los senos) “con comentarios groseros, de connotaciones sexuales”, invitándola a salir solos y realizándole “propuestas para mantener relaciones sexuales con él, pese a mi negativa y resistencia, todo lo que debí soportar para conservar mi empleo y el de mi marido, que por entonces también trabajaba para el municipio como contratado”.
“Las amenazas eran explícitas: si me quejaba, quedaría sin trabajo”, añade la mujer en el extenso escrito.

El “caso Quiero”

Por su parte, Mónica Quiero refiere en su demanda situaciones similares a las padecidas por Chialvo, pero en su caso con el jerárquico Carranza, “quien -destaca- me hizo objeto de reiterados actos de acoso sexual y laboral”.
La demandante precisa que “el señor Carranza hacía comentarios sobre mi aspecto, como ‘qué linda que estás’, ‘estás divina’, ‘por vos me van a echar de mi casa’, ‘estoy mal con mi mujer y necesito un lugar para vivir con vos’, ‘quiero que estemos solos’, afirmando estar mal con su esposa o con su pareja y necesitar mi compañía, proponiendo salidas y mantener relaciones sexuales con él, pese a mi negativa y resistencia, todo lo que debí soportar para conservar mi empleo”.
“Me señalaba que yo tenía trabajo gracias a él y que podía despedirme”, señala Quiero, y luego añade: la situación me producía mucho temor por el carácter agresivo del señor Carranza, boxeador profesional con antecedentes violentos, como la ocasión en que le asestara un golpe en la cara a mi padre, también empleado del municipio, ante los reclamos que le formuló, y más recientemente cuando le pegó una trompada al delegado de Personal, Jesús Chirino, en medio de una asamblea de trabajadores”.

Otros casos...

Además de Chialvo y Quiero, al menos otras cuatro trabajadoras municipales denunciaron públicamente actos de acoso sexual y laboral por parte de los mencionados Quevedo y Carranza, además de Juan Vázquez.
Se trata de Liliana Arce, Miriam Testera, Paula Monetto y Claudia Gandioni, también patrocinadas por Pérez Correa, quien posiblemente en los próximos días sigan los pasos legales de sus compañeras y entablen sus respectivas demandas en contra de los presuntos acosadores y la propia Municipalidad.
Cabe señalar que el Juzgado de Conciliación está a cardo del magistrado Marcelo Salomón, con Secretaría de Paola Tenedini, y tiene sede en la primera cuadra de calle 25 de Mayo.