El abogado Eduardo Luis Rodríguez asumió ayer el patrocinio de los empleados jerárquicos de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad que el lunes fueron demandados por dos trabajadoras por “acoso sexual y laboral”.
Rubén Alberto Quevedo y Néstor Fabián Carranza serán representados judicialmente en la acciones civiles que entablaron en su contra Ivana Verónica Chialvo y Mónica Marcela Quiero, respectivamente, en sendas presentaciones efectuadas por la letrada cordobesa Cecilia Pérez Correa en el Juzgado de Conciliación de Villa María.
Rodríguez también patrocinará al jerárquico municipal Juan Carlos Vázquez, quien hasta el momento sólo fue denunciado públicamente por hechos similares a los que se les atribuyen a Quevedo y Carranza, aunque todavía no ingresó a la Justicia ninguna demanda civil en su contra.
En diálogo con EL DIARIO, el abogado villamariense dijo contar con “elementos de prueba suficientes para demostrar que las cosas que se han dicho en los distintos medios de difusión no se ajustan a la realidad”, y que se encuentra “confiado en obtener un buen resultado judicial para sus asistidos”.
“Debe distinguirse -añadió- la cuestión netamente laboral de los supuestos hechos de acosos denunciados, porque no son lo mismo, y las responsabilidades de cada uno las determinara el juez que entiende en la causa.”
Por otra parte, Rodríguez señaló que “esta embestida judicial no es netamente jurídica, sino que se encuentran en juego intereses políticos y gremiales que pretenden salvarse con esta cortina de humo”.
“No descarto solicitar en los próximos días una profunda investigación sobre los hechos denunciados por las personas que enjuiciaron a los funcionarios de Tránsito, ya que contamos con pruebas que indican que nada de lo denunciado ha ocurrido y que se trata de una acusación tendenciosa”, enfatizó.
Finalmente, Rodríguez solicitó “prudencia a todas las partes” involucradas en este conflicto, “ya que -dijo- se ventilan intereses muy delicados que afectan a todo el entorno familiar, no sólo de las personas denunciadas”, al tiempo que no descartó “iniciar las acciones legales pertinentes para reclamar por este perjuicio que ya se ha ocasionado”.