El Parlamento Europeo aprobó la regulación de las telecomunicaciones, que autoriza a los países de la Unión Europea (UE) a cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor. La nueva normativa, impulsada por Francia y el Reino Unido, fue aprobada anoche por una amplia mayoría de 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones. La nueva norma entrará en vigor el próximo 18 de diciembre, cuando se publique en el Diario Oficial de la UE, y a partir de entonces los países de la UE tendrán 18 meses para incorporarlas a sus legislaciones nacionales, informó la agencia de noticias Europa Press. Los eurodiputados habían bloqueado en mayo último la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Sin embargo, en la fase final de las negociaciones, a principios de noviembre, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet. A cambio, la Eurocámara y los gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En ese polémico punto se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática". Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno". El Parlamento justificó ese cambio argumentando que los servicios jurídicos de las instituciones europeas habían dictaminado que la enmienda para prohibir el corte de Internet sin autorización judicial excedía las competencias de la UE y habría sido anulada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.