Los tres empleados jerárquicos de la Dirección Municipal de Tránsito que fueron denunciados como supuestos autores de los delitos de “acoso sexual” y “violencia laboral”, se presentaron ayer en forma espontánea en la Fiscalía de turno de los Tribunales de Villa María.
Acompañados por el abogado Eduardo Luis Rodríguez, los municipales Rubén Alberto Quevedo, Néstor Fabián Carranza y Juan Carlos Vázquez concurrieron a la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, a cargo de Daniel Del Vö, y fueron recibidos por el secretario Walter Gesino.
Finalizado el trámite, el letrado que asumió el patrocinio de los trabajadores explicó a EL DIARIO que “el objeto de la presentación tiene por finalidad ponerse a disposición de la autoridad competente ante las acusaciones públicas realizadas en las últimas semanas por algunas ex empleadas de la repartición, que involucraría a mis defendidos en supuestas actividades de acoso sexual y laboral”.
Rodríguez manifestó que “éste es un acto inicial de mi tarea, sugerido para desentrañar si verdaderamente se han formulado denuncias en contra de mis clientes por delitos contra la integridad sexual de las supuestas damnificadas, o si simplemente han sido manifestaciones en los distintos medios de prensa sin sustento judicial”.
El abogado villamariense recordó que “en su artículo 270, el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba permite que todo aquel que sospeche de una persecución en su contra, se presente ante la autoridad competente a los fines de que ésta ratifique o no si hay una causa en su contra”.
“Esperaremos la respuesta del magistrado actuante -añadió Rodríguez- y luego analizaremos los pasos a seguir, pero tengo instrucciones de mis asistidos de llegar hasta las últimas consecuencias.”
La presentación se formuló a las 12.30, a través de sendos escritos que Carranza, Quevedo y Vázquez suscribieron delante del secretario interviniente.
El abogado patrocinante precisó que en la presentación “los tres afectados no sólo se pusieron a disposición del fiscal de Turno, sino que solicitaron, para el caso de que exista alguna denuncia en contra de ellos, se les fije con carácter urgente día y hora para prestar declaración indagatoria, ya que cuentan con importantes elementos de prueba para demostrar la falsedad de las acusaciones públicas que sobre los mismos se hicieron”.
Por otra parte, Eduardo Rodríguez (h) manifestó que “se trata de una medida para dar tranquilidad a las familias de mis clientes, ya que producto de las acusaciones efectuadas han sufrido algunos perjuicios, que seguramente serán parte de un futuro reclamo judicial”.
“Tengo instrucciones para salvaguardar el buen nombre y honor de los damnificados directos y de todos aquellos que a la fecha se encuentran vinculados a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa María, ya que pareciera que aquellos que siguen trabajando soportan el acoso denunciado. Eso sólo es una muestra de la falsedad de las acusaciones realizadas”, concluyó el letrado al retirarse del Palacio de Justicia local.
Cabe señalar que, además de cumplir tareas en la Dirección de Tránsito, Carranza y Quevedo se desempeñan como secretario Adjunto y del Interior, respectivamente, del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

@ Las denuncias

A mediados de noviembre, a través de una conferencia de prensa en la que participó la abogada cordobesa Cecilia Pérez Correa, varias empleadas y ex trabajadoras municipales denunciaron públicamente a Quevedo, Carranza y Vázquez de haberlas sometido a episodios de “abuso sexual” y “violencia laboral” desde comienzos de 2001 hasta hace algunos meses atrás.
En aquel encuentro con los medios, la letrada de la capital provincial anticipó que se iniciarían demandas civiles contra los jerárquicos denunciados, lo que efectivamente se concretó el lunes 30 de noviembre.
Ivana Chialvo, Mónica Quiero, Liliana Arce, Miriam Testera, Paula Monetto y Claudia Gandioni refirieron haber sido víctimas del proceder de los jerárquicos de la Dirección de Tránsito, pero sólo las dos primeras presentaron sendas acciones civiles en el Juzgado de Conciliación, con el patrocinio de Pérez Correa.
Chialvo, de 30 años, reclamó “el pago de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de los actos de acoso sexual laboral, hostigamiento laboral y discriminación cometidos por Quevedo y consentidos por mi empleadora (el municipio), los que en forma estimativa se establecen en 579.432,30 pesos”, mientras que Mónica Quiero, de 34, planteó una demanda de similares características, pero en contra de Carranza y de la Municipalidad, por un monto de 92.547,32 pesos.