El juez de Control subrogante Marcelo Salomón confirmó la elevación a juicio de una causa en la que se encuentran imputados dos médicos locales como presuntos coautores de “homicidio culposo”.
El funcionario judicial resolvió no hacer lugar a las oposiciones defensivas planteadas por los abogados Carlos De Falco y Felipe Trucco, y dispuso elevar a juicio el proceso penal a través del cual se investiga el accionar profesional del cirujano Pablo Lucarelli y del anestesista Guillermo Nardi.
Sin embargo, los médicos acusados podrán apelar la resolución y para ello deberán formular un recurso ante la Cámara del Crimen local, para lo cual sus representantes legales tienen tiempo hasta el viernes a las 10 de la mañana.
La decisión del juez Salomón, que fue notificada a las partes poco después del mediodía de ayer, ratificó la medida que había adoptado hace casi un mes el fiscal de Instrucción del Primer Turno, Félix Martínez, quien el 5 de agosto dictó el requerimiento de citación a juicio imputando a ambos profesionales.
Al día siguiente, el propio Martínez solicitó el sobreseimiento del anestesista Luis Asensio, que todavía se encuentra implicado en el presunto caso de mala praxis ya que su desprocesamiento aún no fue resuelto en forma definitiva.
Es que si bien el juez Salomón coincidió con el planteo del fiscal y sobreseyó a Asensio, los abogados de la querella, Luis y Lisandro Caronni, apelaron esa resolución y están a la espera de realizar un informe “in voce” -es decir oralmente- ante los miembros de la Cámara del Crimen, René Gandarillas, Silvia Saslavsky de Camandone y Héctor Fissore, que en estas circunstancias (las apelaciones) intervienen como Cámara de Acusación.

Una vieja causa

La víctima del hecho que procura esclarecer la Justicia fue el pequeño Carlos Chávez, de 3 años de edad, quien falleció el 10 de febrero de 2004 en la Clínica Marañón, casi cuatro meses después de haber sido operado de una hernia inguinal por el médico Hugo Gagliesi, quien inicialmente fue imputado por la Justicia junto a sus tres colegas, pero a principios de marzo pasado fue sobreseído por el juez Salomón a requerimiento del fiscal Martínez.
Tras sufrir una serie de complicaciones, el chiquito fue nuevamente intervenido quirúrgicamente cuatro días antes de morir, y tres semanas después sus jóvenes padres, Manuel Chávez y Magalí Bulike, radicaron la denuncia penal en la Fiscalía del Primer Turno, por entonces a cargo del ahora fiscal de Cámara, Francisco Márquez.

Larga espera

Fue precisamente Márquez quien imputó a los cuatro profesionales, pero a fines de marzo de 2005, cuando el funcionario pasó a desempeñarse en la Cámara del Crimen, la causa “durmió” un mes y medio, hasta que a mediados de mayo de ese mismo año asumió la abogada bellvillense Liliana Copello, como fiscal de Instrucción.
No obstante, la investigación no avanzó demasiado durante la gestión de dicha funcionaria, ya que a la conocida lentitud procesal de la Justicia, sumada a las dilaciones provocadas por los defensores de los imputados, el expediente quedó virtualmente paralizado.
El polémico caso se reactivó recién en los últimos días de diciembre de 2006, poco después que el fiscal Martínez se hiciera cargo del puesto que cuatro meses antes había dejado vacante Copello, tras ser designada para seguir su carrera judicial en la ciudad de Córdoba.

La acción civil

Paralelamente al proceso penal, se inició en Tribunales una demanda civil en contra de los cuatro médicos y de la clínica donde se llevaron a cabo las dos intervenciones quirúrgicas, aunque también está citada en garantía la empresa “El Progreso + Astro, Compañía de Seguros SA”, una aseguradora de clínicas de la ciudad de Buenos Aires.
Los primeros días de febrero de 2006, cuando se entabló la acción civil, los padres de la criatura reclamaron un resarcimiento económico de 760 mil pesos en concepto de daño moral y material, suma que en la actualidad supera ampliamente el millón de pesos, más las costas del proceso, si es que la Justicia hace lugar a todo lo demandado.

El marco legal

El delito de “homicidio culposo” es legislado por el artículo 84 del Código Penal de la Nación, que en su primer párrafo establece que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, e inhabilitación especial -en su caso- por cinco a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.