La Justicia Federal de Villa María dictó ayer el sobreseimiento y ordenó la inmediata libertad de un obrero de la construcción que había sido detenido hace dos meses y medio, acusado de haber intentado asesinar a una joven prostituta.
Ricardo Salomón Lobo, de 36 años de edad, permaneció privado de la libertad por espacio de 75 días, aunque la mayor parte de ese tiempo la pasó como consecuencia de una causa penal paralela al hecho que tuvo como víctima a Sonia del Valle Luján, de 23, acaecido la noche del domingo 11 de octubre.
En efecto, al momento de ser detenido en su casa de barrio General Roca, la Policía secuestró 50 gramos de picadura de marihuana, con lo cual se inició un proceso por infracción a la Ley Federal de Estupefacientes Nº 23.737.
El 5 de noviembre, es decir apenas 20 días después de ser detenido, el fiscal que investiga la “tentativa de homicidio” de Luján, Gustavo Atienza, dispuso la liberación de Lobo por entender que los elementos de prueba en su contra no eran lo suficientemente contundentes como para que continuara en prisión.
Sin embargo, el sospechoso no pudo dejar la cárcel porque por entonces tenía pendiente de resolución la acusación por “tenencia de drogas”.

Pericia oficial

Finalmente ayer arribaron al Juzgado Federal de esta ciudad los resultados de una pericia practicada por especialistas de la Policía Federal de Córdoba, quienes establecieron que en realidad no eran 50, sino sólo 16 los gramos de marihuana que se incautaron en el domicilio de Lobo.
Así lo confirmó a EL DIARIO el abogado Lisandro Caronni, quien junto a su padre Luis ejercen la defensa del trabajador de la construcción.
Caronni (h) precisó que aquel elemento de prueba se sumó a la declaración prestada en un comienzo por el propio acusado, quien había dicho que la droga no era suya, sino de su concubina, Alba Mariana Montero. Esta circunstancia fue reconocida por la mujer, quien declaró en consecuencia y terminó siendo imputada por el mismo delito, aunque no quedó detenida.
Lobo estaba inicialmente acusado de haber infringido el primer párrafo del artículo 14 de la Ley 23.737, que prevé “prisión de uno a seis años y multa (...) para el que tuviere estupefacientes en su poder”.
Ahora, la Justicia entendió que el proceder de la pareja encuadra en lo que establece el segundo párrafo de la referida norma legal: “La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
Lisandro Caronni dijo que al dictarse el sobreseimiento también se tuvo en cuenta un sonado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace algunos meses determinó que es inconstitucional la legislación que dispone que sea delito la “tenencia de drogas para uso personal”.
Así las cosas, el magistrado interviniente cambió la calificación legal, declaró la inconstitucionalidad de la norma descripta y dictó el sobreseimiento de Lobo y Montero en la causa, ordenando la inmediata libertad del trabajador de la construcción, quien dejó la cárcel de barrio Belgrano apenas pasadas las 16 de ayer.

Bajo proceso

De todos modos, cabe señalar que Ricardo Lobo continúa vinculado procesalmente al hecho por el que inicialmente había sido detenido, es decir el frustrado asesinato de la joven prostituta, oriunda de La Rioja.
Por aquel hecho, registrado en el lupanar ubicado en Porfirio Seppey y Tierra del Fuego, en proximidades del Hospital Pasteur, también se encuentra procesado el concubino de la víctima, Gabriel Rolando Barrera, de 35 años de edad.
Acusado como presunto autor del delito de “promoción y facilitación a la prostitución de mayores” (lo que antiguamente se conocía como “rufianismo”), Barrera fue detenido la misma noche del brutal ataque a la joven y recuperó la libertad el 5 de noviembre.
Tanto Lobo como Barrera pagaron “fianzas” o cauciones reales de 10 mil pesos cada uno, que los obliga a presentarse semanalmente en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, donde se tramita la causa por el delito de “homicidio calificado en grado de tentativa”.
En ambos casos, los abogados Caronni (p) y Eduardo Luis Rodríguez, respectivamente, estamparon sus firmas en la referida dependencia judicial, haciéndose cargo del compromiso de que sus clientes concurrirán a Tribunales todas las semanas o cuando se los requiera.