Una noticia que alegrará aproximadamente a un millar de trabajadores del banco estatal de los cordobeses que se jubilaron anticipadamente. De esa cantidad, más de 40 iniciaron la demanda judicial ante la Cámara de Trabajo de la Cuarta Circunscripción, con asiento en esta ciudad.
Los fallos ya emitidos por la sala unipersonal integrada por el vocal Osvaldo Samuel y el secretario Carlos Oyola, benefician a los ex agentes del Córdoba Hugo Fassi y Roberto Scaramusa.
Otros más de cuarenta compañeros de trabajo obtendrían dictámenes del mismo tenor en las próximas semanas.
El reclamo se originó cuando el Banco de Córdoba se negó a pagar aquel primer aumento salarial de 220 pesos que otorgaba por decreto el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Corría enero de 2003. El decreto llevaba el número 392 y la resolución que lo reglamentaba era la número 64. El incremento en las remuneraciones era para todos los trabajadores del país. Debía pagarse a partir del 1 de febrero de 2004 y el Banco de Córdoba recién lo hizo desde setiembre de 2005.
El reclamo por los 18 meses de cerrada negativa del Directorio, hace que ahora la entidad tenga que desembolsar cifras que van de los 4.000 a los 10 mil pesos por cada uno de los trabajadores que iniciaron la vía legal.

s La industria
del juicio

“Seguramente el Directorio apelará este fallo de la Cámara del Trabajo, con lo que seguirá fomentando la industria del juicio. Primero lo fomentaron no pagando lo que pagaron los patrones de todos los sectores de la economía, inclusive los de todos los otros bancos. Y ahora lo fomentarán con la apelación, para que lo pague el próximo Directorio. Nos acusan a los trabajadores por la llamada “industria del juicio”, pero son ellos los que la fomentan”, sostuvieron Lucas Arregui y Fernando Mosquera, dos de los pasivizados que iniciaron demanda.
Al dar a conocer los fallos que favorecen a sus compañeros Fassi y Scaramusa, Arregui y Mosquera opinaron que “el Directorio del Córdoba tiene una inmejorable oportunidad de ahorrarle dinero a la provincia y a los cordobeses, y esto se lograría acatando el fallo de la Cámara y pagando”.
Es que se calcula que al día de hoy, solamente por los amparos presentados contra la Ley de Emergencia Previsional (número 9.405), la provincia tiene que pagar unos 44 millones de pesos en honorarios.
Para el dinero que reclaman estos pasivizados, el tribunal laboral villamariense ordena pagar y fija “un interés mensual igual a la tasa pasiva promedio que informa el BCRA de conformidad al artículo 10 del Decreto 841/91, con más un interés 0,50% nominal mensual hasta el 7 de enero y desde entonces y hasta su efectivo pago, se fijará la tasa pasiva relacionada con más el 2%...”. Es decir, un dineral por no haber pagado, un dineral en intereses, un dineral en honorarios... a pagar con dinero de todos nosotros.
Para los gerentes a los que algunos llaman “porteños”, es fácil: “Que pague el que sigue...”. Pero tras este reclamo judicial vendrán los reclamos por los decretos siguientes que tampoco se dignaron pagar a los trabajadores.
Si al menos pagan ahora y no apelan el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia, todavía se ahorrará mucho dinero público.