"Expresamos nuestro total rechazo a la ley que finalmente fue sancionada días atrás con el voto de los legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical", se lee en un comunicado de la Asociación Gremial de los Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) remitido a nuestra Redacción.
El pronunciamiento, que lleva la firma de la secretaria General Irina Santesteban y el secretario de Prensa Marcelo Molina, sostuvo que esa equiparación "favorece sólo a magistrados y funcionarios y consolida la inequidad al interior del Poder Judicial, toda vez que el sistema salarial en la Justicia Federal no es equitativo ni proporcional entre quienes más ganan y quienes perciben menores salarios (los empleados)".
Desde la cúpula del gremio, que en Villa María es encabezado por Jorge Montes, se reivindicó el sistema porcentual de salarios, que establece un puntaje para todas las categorías, desde la más alta hasta la más baja, con "enganche" a la remuneración que percibe la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia, según que se tome un enganche nacional o provincial.
"Aunque desde la AGEPJ no nos oponemos a que el sector de magistrados y funcionarios tenga un aumento en sus remuneraciones, pues no han percibido incrementos desde hace un año y medio, sí repudiamos que este aumento se haga luego que el Gobierno provincial le negara un legítimo aumento a los trabajadores estatales y docentes, a quienes otorgó una suma fija de 350 pesos por única vez, alegando que no había plata", explica la nota sindical.
Se señala luego que "con esta ley se demuestra que sí había plata y es para aumentar las remuneraciones de quienes más ganan".

@Votaron su propio aumento

"Porque detrás de la equiparación de los jueces provinciales con la Justicia Federal, se viene la equiparación de los legisladores, con lo cual, los ‘representantes del pueblo’ votaron en realidad un aumento para ellos mismos", denuncia.
Y anuncia finalmente que "el gremio de los trabajadores y trabajadoras judiciales seguirá peleando por el sistema porcentual de salarios y por la democratización de las relaciones al interior del Poder Judicial, lo que se lograría con una discusión tripartita (entre el TSJ, los magistrados y el gremio) sobre la distribución de la masa salarial".