El duro pronunciamiento de las empresas villamarienses de taxis y remises, cuestionando al Poder Ejecutivo y Legislativo en el marco del aumento de tarifa que rige desde hace unos días, fue tomado con “sorpresa” por la concejala de Unión por Córdoba Verónica Vivó.
La edil, que fue consultada por EL DIARIO en el mediodía de ayer -primero se buscó la palabra del presidente del bloque, Carlos De Falco, sin suerte- destacó que “no les hemos dado el aumento excesivo que ellos pedían y quizás por eso hoy están enojados”.
A título personal, Vivó explicó que “nosotros consideramos que debíamos otorgar este aumento y convenimos que, en el año, tenemos que charlar de varios aspectos que parecen no tener prioridad para las empresas, que son, por ejemplo, el blanqueo de personal”.
Luego, resaltó que “de ninguna manera podíamos aceptar un incremento como el que ellos pretendían” y cuestionó que “quisieran bajar la cantidad de metros de recorrido inicial a la mitad, lo que iba a significar un engaño a la ciudadanía”.
Los taxistas pretendían que la tarifa sea fija en los primeros 600 metros y no en los 1.350 actuales.
“No quisimos ser cómplices de lo que iba a ser un engaño a la gente”, atacó.
Vivó consideró que “los viajes largos son realizados por los vecinos que viven en barrios más alejados” y aseguró que “quisimos favorecer a los vecinos”.
“No nos pone contentos tratar un aumento de tarifa, lo hicimos en base a los costos, pero hoy molesta que realicen un planteo como el que hicieron público”, manifestó.
La legisladora local subrayó que “hubo reuniones en dos oportunidades, existió diálogo y buena intención, pero la decisión es adoptada por el cuerpo legislativo”.
Sobre el final de la charla con este medio, sostuvo que “no nos dejaremos extorsionar por nadie”.
“En una ocasión, un taxista planteó que nos iban a parar a los taxis en la puerta si no acatabamos el pedido.”
“Si están enojados, lo están porque no les dimos el 40% de aumento que pretendían y que iba a ser perjudical para los vecinos. No quisimos ese impacto”, concluyó.

@ La carta

Con las firmas de Donald-Mickey, Taxis Nahuel, Tele-Taxis, Radio-Taxi y Taxistas Independientes, se pronunciaron en la víspera los trabajadores del volante.
“No estamos de acuerdo con la tarifa por no coincidir con lo solicitado por nosotros, considerando que el aumento otorgado de esta manera es perjudicial, tanto para el pasajero como para el taxista”, indicaron.
Las empresas recalcaron que el incremento aprobado no coincide con las propuestas brindadas, las que estaban acompañadas por un cálculo de los costos.
Luego, tuvieron duros conceptos hacia el Gobierno, “este sistema de gobierno soberbio, autoritario y democrático tomó las decisiones que nos involucran sin tener en cuenta nuestra posición”.
La suba fue aprobada por todas las bancadas.

La bajada de bandera está en 4,70 pesos y se recorren 1.350 metros

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante en 2009, se aprobaron aumentos en las tarifas de los transportes públicos.
En el caso de los taxis, por unanimidad, se aprobó la suba de un 20% en la tarifa única.
De esta manera, la bajada de bandera se estableció en un valor de 4,70 pesos para un recorrido de hasta 1.350 metros; y la suma de 0,20 centavos por cada 100 metros de recorrido adicional.
Durante la fundamentación de la suba en el precio de taxis, la concejala Verónica Vivó, indicó que “no es simpático para este cuerpo tratar aumentos de tarifa, pero tenemos la responsabilidad de encontrar el equilibrio para velar, por una parte, por los intereses de los vecinos y, por la otra, por la continuidad del servicio, ya que en el marco de las reuniones mantenidas los taxistas explicaron la variación sufrida en los insumos, entre ellos combustible, cubiertas y baterías”. También señaló que “como se mantienen los 1.350 metros, no afectará tanto el bolsillo de los vecinos de los barrios, que recorren mayores distancias”.
En la ocasión, también se avalaron aumentos en los boletos del transporte urbano de pasajeros, sin el respaldo de los bloques minoritarios. Tanto el concejal del Frente Cívico y Social, Miguel Zandrino, como el de la Democracia Cristiana, Ricardo Pereyra, adelantaron su voto negativo por considerar que el proyecto debería requerir doble lectura y Audiencia Pública.