El Movimiento Ciudadano (MC), que orienta Gabriel Correa, cuestionó en un comunicado la falta de control sobre los subsidios entregados al Aero Club.
El Movimiento, en un documento titulado “La única verdad es la realidad: subsidios que vuelan”, precisó que “en la última audiencia pública en la Legislatura local dejamos constancia de que con las 30 hectáreas del Aero Club podría darse el reclamo de los herederos del predio que fue adquirido en 1921, para destinarlo al desarrollo de la aviación. Y advirtió al pleno de los concejales que, en 1924, los propietarios de la tierra y de la idea (Porfirio Seppey, Flavio Pérez y Silvio Gagliardi), decidieron donarlo al Ejército con el cargo que se destinara a la aviación”.
“El Estado nunca tomó real posesión del bien y menos aún construyó pista de aviación alguna, de allí las prevenciones realizadas ante los ediles, aún sin respuesta alguna.”
Además, denunció la concesión “de un subsidio que al no aclarar su rendición de cuentas, este hecho es de gravedad inusitada y evidencia indiscutible, que tal vez explique el ominoso silencio de los ediles, que parecen debatir sólo reclamos y quejas en una guerra de egos entre ellos".
"No se trata de cuestiones subjetivas o partidistas lo que expusimos en el Concejo Deliberante sino del cumplimiento de las normas y la observancia de la ley, que con insistencia desde el Tribunal de Cuentas de Villa María en estos últimos tiempos también vienen planteando", prosiguió el MC.
El ministro de Gobierno Eduardo Accastello entregó, en agosto de 2005, un subsidio de 139 mil pesos al Aero Club Villa María, que efectivizó su esposa la intendenta Nora Bedano.
Lo recibieron las autoridades del Aero Club; las obras las realizaría Arrow SA, empresa perteneciente al vicepresidente del ente que recibe el subsidio y de las obras a cumplir. A diciembre de 2008, fecha de una filmación realizada en el predio por Ricardo Salazar, especialista en temas aeronáuticos en Córdoba, "no se tiene constancia de su concreción. Este hecho es de una gravedad inusitada y de evidencia indiscutible", señaló el Movimiento Ciudadano.
"El Gobierno provincial entrega un subsidio y su utilización no se enmarca en una política clara de cumplimientos de metas y de rendición de cuentas realizadas. Los funcionarios, provinciales y municipales, deciden sin estimaciones previas de costos y sin supervisión de las obras", observó el grupo de Correa, que afirmó que "el objetivo de aquellos que tienen responsabilidad institucional debe ser comprobar efectivamente si los recursos han tenido el destino para el cual han sido afectados y, al mismo tiempo, si se ha cumplido efectivamente la rendición de cuentas (tal como lo indica el Decreto 992 del 24 de agosto de 2005 y la Ordenanza 5.574 sancionada el 29 de setiembre de 2005)".
"De lo contrario -finaliza el grupo de opinión- se podría estar frente a la posibilidad de encubrir irregularidades, si el Estado no tiene un adecuado resguardo de la rendición de cuentas de los subsidios que distribuye. Esto lo expresamos en el Concejo Deliberante aguardando esperanzados su intervención para que esta vez no puedan decir que no sabían lo que ocurría, de lo contrario sería cinismo y complicidad. Estos ejemplos vendrían a demostrar que la transparencia en la administración de los recursos públicos es sólo una estrategia discursiva y su despilfarro una lamentable realidad".