Un nuevo caso de abuso policial fue denunciado en la Justicia por un vecino de Villa María, cuyo hijo menor de edad fue detenido por una supuesta contravención, lo requisaron en la vía pública sin testigos, le secuestraron la bicicleta sin labrar el acta correspondiente, lo alojaron en un calabozo de la Comisaría de Distrito y hasta lo fotografiaron para prontuariarlo como si se tratara de un delincuente.
El increíble caso se produjo el martes por la mañana pero recién trascendió ayer, cuando Ricardo Osvaldo Rivarola concurrió a la Redacción de EL DIARIO para hacer público lo sucedido, temiendo por la integridad física y legal de su hijo de 16 años, sobre todo porque las fotografías que le tomaron todavía están en poder de la Policía.
El hecho de referencia se suma a uno de similares características que, el miércoles por la mañana (primero ante la Justicia y luego a través de las páginas de este matutino), denunció Luis Adelmo López por presuntos apremios ilegales en perjuicio de su hijo, de 20 años, por parte de un efectivo de la División Investigaciones.

No lo golpearon

A diferencia de aquel episodio, en el "caso Rivarola" no hubo golpes ni intimidaciones, pero sí una seguidilla de irregularidades procedimentales por parte de los policías intervinientes, que podrían desembocar en una imputación por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Rivarola, quien también trabaja en la construcción, es además sacerdote evangélico y fue efectivo de la Policía Federal, habiendo cumplido incluso funciones en la Subdelegación local, circunstancia que le facilitó actuar con la premura que el caso exigía ni bien se enteró que su hijo se hallaba detenido.
Como si eso fuera poco, la esposa del denunciante, Edith Escobedo, se desempeña en el Centro Judicial de Mediación, que depende de los Tribunales villamarienses, por lo que una vez que el chico recuperó la libertad, el matrimonio concurrió al Juzgado de Menores, de donde lo derivaron a la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, a cargo de Gustavo Atienza.
Allí, más precisamente en la Secretaría de Guillermo Picco, la pareja radicó la denuncia penal de rigor y durante la presente jornada consultará a un abogado del medio para decidir los pasos legales que correspondan, entre los que no se descarta una acción civil contra la Policía de la Provincia por "daños y perjuicios".

Paso a paso

El incidente denunciado por el matrimonio Rivarola-Escobedo se inició alrededor de las 8.40 del martes, cuando Ricardo Jesús (uno de los siete hijos de la pareja, cuatro varones y tres mujeres, con edades que van de los 21 a los 4 años) se dirigía en bicicleta a su trabajo.
El adolescente cumple tareas como peón de albañil, junto a un tío del padre, en una obra en construcción que se ejecuta en calle Pringles, entre Mendoza y Entre Ríos, en barrio General Paz.
Cuando llegó a la esquina de bulevar Cárcano y Entre Ríos, Ricardo Jesús fue interceptado por dos móviles del Comando de Acción Preventiva (CAP), cuyos ocupantes le pidieron sus datos personales.
Según refirió su padre, el chico se identificó correctamente, les dijo que tenía 16 años y que iba a trabajar, tras lo cual los efectivos le preguntaron por la bicicleta playera en que se conducía.
De acuerdo con la explicación brindada por Rivarola (p), el rodado en cuestión había sido adquirido por la familia hacia 2002 ó 2003 en Musicalísimo, y por encontrarse en desuso y algo dañado, el pasado fin de semana había sido reparado y pintado por el propio muchacho.
Al parecer, la explicación no convenció a los policías, quienes tras efectuar una consulta a través de la frecuencia de radio, cargaron la bici en una de las camionetas y detuvieron preventivamente a Ricardo Jesús.

Requisa irregular

Previo a ello, el menor fue requisado en la vía pública sin testigos que dieran marco legal al procedimiento. Sobre el particular, el denunciante relató que su hijo vio que muy cerca de allí había dos personas que estaban observando el operativo, y sin embargo no fueron convocadas para certificar la requisa.
Posteriormente, el chico fue trasladado hasta la Comisaría de Distrito, sita en General Paz y San Juan, donde fue alojado en un calabozo común. Momentos después llegó una mujer, que no estaba uniformada, y le colocó un cartelito con números impresos y comenzó a sacarle fotos con una cámara digital.
Estando en la Policía, el adolescente se comunicó con su teléfono celular con el tío, quien a su vez se contactó con la mamá de Ricardo Jesús, y esta hizo lo propio con su esposo. Juntos fueron a la Oficina de Minoridad, ubicada en la sede policial, y hablaron con un efectivo de apellido Brancatto.
"Yo te conozco, sé que trabajás en Tribunales... no te preocupés que ya te entrego a tu hijo", le dijo el policía a la esposa de Rivarola, según relató el denunciante. Y poco después le hicieron firmar a él un papel, mediante el cual se dejaba constancia que retiraba al muchacho en perfectas condiciones.
En efecto, Ricardo Jesús nunca fue esposado y tampoco golpeado por los efectivos de la Unidad Departamental, algo que sí habría sucedido con el hijo de Luis López en el otro caso de abuso policial.

¿Contravención?

Sin embargo, al momento de entregarle a su hijo, los funcionarios le dijeron a Rivarola (p) que el chico había sido trasladado a la Comisaría "porque se había negado a ser identificado", infringiendo así el artículo 79 del Código de Faltas. El menor, claro está, negó rotundamente tal circunstancia.
Alrededor de las 10.15, con el hijo a su resguardo, pero sin la bicicleta (quedó secuestrada en la Policía), el matrimonio se dirigió al Juzgado de Menores para denunciar lo sucedido ante la magistrada Cecilia Fernández, pero como estaba en una audiencia, fueron recibidos por su secretaria, quien tras efectuar la consulta de rigor los remitió a la Fiscalía de Atienza, donde formularon la acusación penal.

@ El dato

Al parecer, los casos denunciados por Rivarola y López serían dos de una media docena de episodios similares en los que la Policía se habría excedido en sus funciones.