La obligación de instalar contenedores para almacenar la basura en los comercios que produzcan deshechos orgánicos (en su mayoría del rubro gastronómico) fue aprobada por unanimidad en la sesión legislativa realizada ayer.
La norma, que tuvo el aval de todos los ediles, establece que los recipientes deberán tener una capacidad no menor de 250 litros, reunir características de higiene y un sistema de movilidad con ruedas.
“Hablamos con las asociaciones comerciales y coincidimos en la necesidad de implementar medidas para disponer la basura de una manera que evite la dispersión”, indicó en sala el concejal del oficialismo José Escamilla.
La flamante ordenanza abarca un radio comprendido entre los cuatro bulevares y en la costanera desde Alfonsina Storni hasta Salomón Gornitz y los comercios ya habilitados contarán con 90 días para adecuarse a la normativa.
La ordenanza, sancionada por unanimidad, especifica también la instalación de cestos papeleros en kioscos, multirubros y heladerías, a los efectos de garantizar la correcta disposición de la basura que se produzca como consecuencia de la comercialización en ese lugar.
En este sentido, Escamilla precisó, en su fundamentación en sala, que la intención de implementar los papeleros estuvo relacionada con la necesidad de evitar la proliferación de papeles y desechos descartables en las cercanías de este tipo de locales, a los fines de mejorar aún más la limpieza de la ciudad.
En la sesión, la edil Rosa Cámpora pidió que todos los comercios afectados por la norma sean previamente notificados por escrito.
Para los infractores, las multas van desde 500 pesos hasta los 2.000 pesos.

Estudios de preinversión

Por otra parte, en la sesión llevada a cabo en la Casona de Pereira y Domínguez, fue ratificado por todos los ediles el convenio subsidiario de Transferencia de Recursos celebrado con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
El acuerdo establece que el Estado nacional “asignará los recursos necesarios para mejorar la rentabilidad de la inversión pública, mediante la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión y desarrollo de capacidades para la gestión del ciclo de los proyectos en el ámbito regional y local.
“La Municipalidad ha resultado beneficiaria como cabecera del Departamento General San Martín, con este convenio, a los efectos de realizar un estudio que permita optimizar el capital social, ampliar la infraestructura vial y de servicios, y el desarrollo local”, dijo Daniela Lucarelli.
El relevamiento no tendrá costo para el municipio - sólo aportará los recursos humanos- y como se realiza con fines censales, permitirá orientar la producción de la ciudad y la región a las demandas que desde allí surjan, aclaró la concejala.
Tal como anticipáramos ayer, ingresó formalmente en la sesión el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación seis lotes en barrio Carlos Pellegrini, ya que su titular registral adeuda importantes sumas en concepto de Tasa de Servicios a la Propiedad.