Poco más de una hora se extendió durante la mañana de ayer la primera jornada del juicio oral y público que se le sigue al médico Oscar Alberto Dávila (42) por el asesinato de su esposa, la fisioterapeuta Marisel Pons (37), hecho ocurrido el 26 de marzo de 2008 en Hernando, tiempo suficiente para que se escucharan las más rotundas y opuestas convicciones del fiscal, la abogada que representa a la querella y la defensa.
A las 10.15, cuando se cerró el primer día del debate, que continuará a las 8.30 de hoy, quedaron resonando en el recinto de los Tribunales de Río Tercero las expresiones de los acusadores (para quienes Dávila fue el autor del crimen) y de la defensa (que sostuvo que primero hay que probar que hubo un homicidio y, aún así, que Dávila debe cargar con la culpa).
El acusado, en tanto, se abstuvo de declarar, tal como se lo solicitaron sus abogados, y sólo respondió las preguntas formales a requerimiento del tribunal.
Todo indica que la de ayer y hoy serían las únicas dos jornadas del juicio durante esta semana ya que, como se anticipó en los pasillos, el debate será discontinuo teniendo en cuenta que el tribunal está formada por un juez Penal y dos civiles y estos últimos tienen que atender otros temas específicos de su área.

Primeros alegatos

Tras la constitución del tribunal, se tomó juramento a los jurados populares y se leyó la pieza acusatoria que contiene detalles sobre lo que sería el homicidio de la profesional hernandense (ver nota aparte).
A su turno, habló el fiscal Moisés Yona y luego hizo lo propio la abogada querellante, Rosa Elena Nou (también concurre como letrado por la familia Pons, Jorge Riba), quien se mostró convencida de la culpabilidad del imputado y reflexionó sobre la responsabilidad de los jurados populares.
“Por más que yo sé que este hombre es un asesino, merece un juicio justo. Cuando se dicte sentencia será el segundo entierro de Marisel Pons, cuya alma se irá a su última morada en el carruaje de la verdad”, dijo la abogada.
De inmediato tomó la palabra el abogado villamariense Marcelo Martín Silvano (uno de los defensores de Dávila, y el otro es Alberto Vieytes Monroy, de Río Tercero) quien, en primer término, dijo que habrá que determinar si fue un homicidio o se trató de un suicidio.
Dirigiéndose al jurado popular expresó: “Ustedes no deberán tener dudas al momento de emitir su dictamen porque en caso de declararlo culpable están condenando a una persona a la muerte civil ya que se lo condenaría a prisión perpetua que contempla reclusión por 35 años”. “Nada de lo que se dice es lo que parece”, agregó de manera tajante.

Tribunal y jurados

El tribunal a cargo del juicio está constituido por el juez en lo Penal César Barberis, junto a los magistrados en lo Civil Juan Carlos Benedetti y Carlos Conti.
El tribunal quedó formado de esta manera puesto que uno de los cargos estaba vacante mientras que el doctor José Luis Clemente se apartó de este juicio por “amistad manifiesta” con la abogada Nou, representante de la familia de la víctima como “querellante particular”.
Ocho jurados populares designados para actuar en este caso debieron jurar ante el tribunal para desempeñar este cargo de tan alta responsabilidad ciudadana.

El imputado

Dávila, imputado de "homicidio calificado por el vínculo" (cuya única pena, si se lo halla culpable, es la prisión durante 35 años de cumplimiento efectivo) tiene su futuro estacionado entre dos decisiones: la absolución y la cárcel hasta su vejez.
Hace dos años que no ve a sus dos hijos (un varón de 15 años y una mujer de 13) y es médico cirujano con especialidad en traumatología y ortopedia. Nació el 19 de diciembre de 1967 y, al declarar sobre sus padres respondió que su madre vive, pero su padre ha fallecido.
A pedido del tribunal declaró que no tiene adicciones ni antecedentes penales, frente a lo cual el fiscal Yona le recordó que debió someterse a una “probation” por un accidente ocurrido el 7 de enero de 2000 cuando viajaba desde Santa Rosa de Calamuchita hacia Villa María, a lo que el reo explicó que no lo había mencionado como antecedente porque suponía que le estaban preguntando por antecedentes de tipo penal.