El juez de Conciliación Laboral, Marcelo Salomón, rechazó la admisión formal de la acción de amparo sindical presentada por la delegada de personal suplente del municipio villanovense, Mónica Gramaglia, por lo que la Defensa de la trabajadora -representada por la abogada de la CTA, Cecilia Pérez Correa- reiteró la solicitud de la medida cautelar, interponiendo un recurso de apelación.
Para Correa, la resolución del magistrado “adolece de vicios que la invalidan, tornándola arbitraria y carente de fundamentación para sustentar tan gravosa decisión”.
Gramaglia había obtenido un adelanto de dinero por parte de la comuna que debía devolverse en distintas cuotas, pero luego ella denunció que el Ejecutivo le retuvo casi la totalidad de sus haberes violando el acuerdo previo de descuento. Fue a la Justicia y vinculó la acción oficial a su reclamo público respecto a diversos temas, por lo que leyó que el Gobierno estaba tomando, de esa manera, represalias.
El juez rechazó la admisión del amparo y la defensa de la delegada sostiene que el magistrado no siguió el procedimiento estipulado para estos casos. “Debió ordenar el traslado de la demanda y proveer la prueba ofrecida”, indicó Correa.
Salomón consideró que no están acreditados los hechos denunciados, esto es, los cambios de las condiciones de trabajo. “Resulta forzada, artificiosa e incoherente la vinculación realizada por la actora y su patrocinante respecto al hecho denunciado como persecutorio y la garantía sindical denunciada como violentada”, sostuvo el juez.
Para Gramaglia y su abogada, la persecución se evidenció en el “cambio de las condiciones de trabajo” y “la unilateral modificación del descuento del adelanto de haberes otorgado a la actora”, al tiempo que indicaron que se lesionó la garantía de libertad sindical, ya que no pueden ser modificadas las condiciones laborales “sin exclusión previa de la tutela” (la demandante es delegada).
Pérez Correa adelantó que, si no es admitida la apelación interpuesta, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un caso con muchas aristas

• Gramaglia pidió un adelanto de haberes al municipio para afrontar los gastos de traslado de su hijo discapacitado a los distintos centros de rehabilitación, ante la rotura de su vehículo. Se pactó un pago de 200 pesos mensuales.
• Luego, la Comuna, de manera “abrupta, intempestiva e injustificada” descontó 950 pesos, por lo que ella cobró “sólo 900 pesos, el salario familiar por hijo discapacitado”. La delegada vinculó la decisión a su reclamo público sobre diversos temas, entendiendo que fue una represalia del Gobierno.
• Para ella y su defensa, la Municipalidad alteró así las condiciones de trabajo, no tuvo en cuenta la garantía sindical que le da el hecho de ser delegada y violó el límite legal de afectación de haberes.
• La Justicia rechazó su recurso de amparo.