Beatriz De Cesaris es la secretaria de la Fiscalía Federal de Villa María. Desde ese lugar, trabaja contra la trata de personas, en base a la ley que pena con hasta 15 años de prisión a los que captan, trasladan, alojan y explotan a otros, ya sea con fines sexuales o laborales.
“La trata era antes de la ley específica encuadrada en otros delitos que analiza la Justicia provincial, tales como la reducción a servidumbre. Se trata de delitos más simples y con menor pena, que no terminan de encuadrar en la complejidad del proceso de trata de personas. Hoy tenemos esta herramienta, que nos permite penar a todos los que intervienen en el delito”, dijo.
De todos modos, la cuestión no está exenta de dificultades. “Estamos hablando de mujeres vulnerables, que muchas veces no se animan a hablar en contra de sus explotadores, porque ni siquiera se ven a sí mismas como víctimas”, dijo.
Es común que cambien el testimonio con el tiempo. Muchas hablan de “personas buenas” cuando se refieren a quienes las explotan, porque consideran que son quienes les dan de comer.
Para ello, se valen de una exhaustiva investigación. “Si una víctima de trata te dice que ejerce la prostitución voluntariamente, uno tiene que analizar ciertos elementos. Por ejemplo, si no manejan su propia plata o si los explotadores generan endeudamiento porque les cobran la comida y el traslado, lo que las tiene atadas a un lugar. Todos estos son indicios de que la voluntad de la mujer está diezmada”, indicó la funcionaria de la Justicia Federal.
“Por eso es que la clave está en la vulnerabilidad. Se aprovechan de extranjeras que viven en países más pobres, o en ciudadanas de zonas con pobreza estructural de Argentina”, informó.
Otro aspecto que hace vulnerables a las mujeres, además de la pobreza, es la adicción a las drogas. “Las drogas son una forma de dominación, porque garantizan la dependencia de la mujer con su explotador. No se puede hablar de voluntad, cuando se está en esas condiciones”, agregó.
De todas maneras, la vulnerabilidad no se puede definir desde lo jurídico, sino desde lo psicológico, desde la historia personal de cada una. “En Villa María no tenemos equipos técnicos ni albergue para alojar a las mujeres en un lugar seguro y contenidas, por eso tenemos que recurrir a refugios de Córdoba y a ONG y profesionales que nos ayudan. En ese punto, quisiera agradecer especialmente a Adriana Madrid, una psicóloga de la Justicia provincial que siempre está dispuesta a ayudar”, indicó.

La ley

La Ley de Trata fue puesta en vigencia en abril de 2008. En octubre de ese año, comenzó a funcionar el Juzgado Federal en Villa María.
Desde la Fiscalía se han iniciado varias investigaciones. Muchas fueron desestimadas por la inexistencia de delito, otras se siguen investigando para determinar si hay o no tráfico de personas. Dos casos originados en la región (Las Perdices y Villa Ascasubi), completaron el proceso de instrucción esperando la elevación a juicio.
Esas causas se originan a raíz de que la Policía detecta, en los procedimientos habituales de control profiláctico, alguna irregularidad o por la denuncia de un particular.
“Si alguien escucha a una mujer llorar o golpes de manera habitual, les decimos que no duden en denunciar. La Fiscalía recepta todas las denuncias y las investiga. Además, garantizamos el anonimato, porque sabemos que los involucrados en este tipo de delitos generan temor. Pero el compromiso es de todos, va a ser lo único que nos permita eliminar esta forma de esclavitud moderna”, concluyó.