En los próximos días podría reactivarse la causa judicial que, en su momento, se conoció como “el escándalo de los vales”, en el que se ventiló un importante faltante de caja en la última administración radical de Villa María.
Según indicaron ayer a EL DIARIO fuentes tribunalicias, la causa se abriría “por un camino colateral”, como lo es el juicio a Ana María Carreras, quien fue imputada en la maniobra ocurrida hace casi 17 años, y “podría revelar quiénes fueron los verdaderos responsables y cuál fue el monto real robado de las arcas de la Municipalidad”.
El cuantioso desfalco ocurrió durante la gestión de Miguel Angel Veglia, tuvo varias idas y vueltas, se politizó en su momento “y no habría que descartar que la reactivación del tema venga también por el lado político”, indicaron las mismas fuentes.
Ante la consulta del porqué de esa presunción, la respuesta fue concluyente: “Porque los abogados que han estado preguntando sobre el tema y tratando de darle impulso son reconocidos radicales”.

Un breve repaso

El miércoles 20 de junio de 2007 este matutino dio a conocer que habían prescripto los ilícitos por los que había sido imputado el ex intendente radical.
“Prescribieron los delitos por los que se acusó a Veglia”, señalaba el título de un informe en el cual se hacía referencia al “silencioso final de la causa por el escándalo de los vales”.
Hoy, ante los rumores que indican que podría reactivarse el caso, bien vale la pena repasar algunos párrafos de dicha nota periodística, como para hacer memoria y recordar de qué se trató.

Aquel informe

“Fue un escándalo mayúsculo, que significó un severo traspié para la última administración municipal encabezada por el radical Miguel Veglia.
La causa judicial por el “escándalo de los vales” se constituyó en un terremoto político, allá en los finales de la década de los ‘90. Sin embargo, y a pesar de la espesa polvareda que levantó durante años, hoy el abultado expediente duerme en los cajones de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno.
En rigor de verdad, la causa “murió” luego que Francisco Márquez jurara como fiscal de la Cámara del Crimen y dejara su lugar en la Fiscalía de Instrucción. Sus sucesores, Liliana Copello (primero) y Félix Martínez (después), no agregaron ni un folio al inmenso expediente de ocho cuerpos. Aunque cabe consignar que cuando ellos asumieron poco quedaba por hacer...

Erase una vez

El 3 de noviembre de 1997 se destapó una olla en bullición. El por entonces concejal de la Ucede, Edgar Bernaus, hizo polémicas declaraciones y el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes sobre antecedentes de arqueo de caja de la Tesorería municipal.
El ex edil dijo que, desde 1993, cada vez que se estudiaban los presupuestos anuales, les llamaba la atención que existiera en disponibilidad entre cajas, bancos y municipios una suma que rondaba los tres millones de pesos.
(...)
Saltó a la luz pública, entonces, un supuesto hecho de “peculado”, presuntamente a través de la entrega abusiva de vales a los empleados, sin quedar debidamente acreditado que luego se le descontaron los adelantos de sus sueldos.
René Gandarillas, por entonces fiscal y hoy vocal de la Cámara del Crimen, actuó de oficio, ante la supuesta comisión de hechos delictivos.
El 1 de setiembre de 2000 tomaría la posta Márquez, al suceder al hoy juez en dicho cargo. Cuando asumió, ya varios delitos estaban prescriptos.
La causa, de ocho cuerpos y cerca de 1.600 fojas, tuvo como imputados a Veglia, Omar Enrique Caneparo, Ramón Alberto Yáñez (secretario de Hacienda) y Lucrecia Fabiola Armandi (su sucesora) por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes públicos”, delitos que ya prescribieron. Además, Márquez acusó a dos cajeros, Sergio Hugo Vera y Augusto César Jaime, por “peculado”. De la investigación surge que estos empleados entregaban vales porque el Departamento Ejecutivo los habría autorizado.
(...)

El último acto

La voluminosa causa judicial murió con un llamativo informe del Ejecutivo, ya a cargo de Nora Bedano.
El 26 de abril de 2004, Márquez envía un oficio al municipio “para que la querella diga si los órganos administrativos y/o contables del municipio se encuentran en condiciones de afirmar que la diferencia contable entre el Balance General publicado mediante Boletín Oficial respecto de la disponibilidad líquida existente en el municipio a dicha fecha, y la disponibilidad existente en la planilla correspondiente al movimiento de ingresos y egresos de fecha 30 de diciembre de 1996 y el saldo conformado en el informe elaborado por esa Municipalidad a partir del arqueo de caja efectuado con fecha 6 de octubre de 1997, es el resultado de una sustracción de los caudales públicos por parte de algún funcionario encargado de su custodia; en caso negativo se requiere a esa Municipalidad practique una auditoría contable exhaustiva de manera que pueda permitir sostener si ha ocurrido o no dicha sustracción de caudales públicos’.
Con la firma de Luis José Rey, de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna, se envió a Tribunales el informe de la auditoría (período 1 de enero de 1996 al 6 de octubre de 1997) el 26 de julio de 2004.
En su dictamen, se puntualizó que “de la documentación revisada y de acuerdo a la tarea realizada, se puede concluir que no existen hechos o constancias que demuestren sustracción de caudales públicos por funcionario encargado de su custodia, lo que sí se debe observar es la desidia, negligencia e incompetencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de los responsables de las áreas Tesorería, Contaduría General y Secretaría de Hacienda’.
El dictamen llevaba la firma del contador Ricardo Faure.
Con el informe de los querellantes, se dio el último paso en la causa.
A Copello, y luego Martínez, sólo les quedaba profundizar la investigación contra los cajeros, porque los demás delitos estaban prescriptos. Eso no sucedió y una cifra millonaria en pesos (recordemos que eran equivalentes a dólares), se esfumaron del inmenso bolsillo de todos los villamarienses, para quedar en el de unos pocos.”