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23 de Marzo de 2010
Resolución del Tribunal de Cuentas
Rechazaron un pago a Wester
José Naselli y Gustavo Maristany rechazaron órdenes por un total de 3.230 pesos. El antecedente judicial de Wester fue el principal fundamento
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Otto Wester (foto de archivo)

Dos órdenes de pago emitidas por el Instituto Municipal de Inversión a nombre del ingeniero Otto Wester fueron rechazadas por los integrantes del Tribunal de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany.
Los pagos cuestionados son por 2.790 pesos en concepto de honorarios como “coordinador del Promeba” y por 440 pesos en calidad de viáticos.
La historia, que terminó con el rechazo, comenzó cuando los citados tribunos pidieron una copia de la resolución judicial que puso fin a la causa por sustracción de un voto en elección de 2007, hecho atribuido a Otto Wester.
En este sentido, los controladores querían saber si estaba habilitado para ser contratado por el Estado debido al mencionado antecedente.
Sin embargo, la respuesta del presidente del IMV, José Carignano, no fue la esperada por el Tribunal.
“La nota de contestación del 18 de marzo de 2010 incumple (a nuestro juicio, de manera muy grave), la obligación que tiene el presidente del IMI de ajustarse a lo normado en el inc. 17 del art. 157 de la COM, lo que constituye “…un entorpecimiento de la facultad investigativa del Tribunal de Cuentas…”, y estos vocales se hacen cargo de la afirmación que antecede”, dice la resolución firmada por Naselli y Maristany.
Entre los fundamentos aclaran que la misiva de Carignano expresa que “no obra (ni debe hacerlo), en este Instituto, información respecto de los antecedentes de ninguna naturaleza, en orden a la conducta del ingeniero Otto Christian Wester. (sic)”
“De tal manera, el presidente del Instituto nos está diciendo (salvo que no comprendamos bien el idioma castellano) que el mismo desconoce los antecedentes de quien ha sido designado nada menos que como “Consultor” del programa Promeba y cobra como “Coordinador” del proyecto. Y no sólo desconoce esos antecedentes. Está diciendo que no le importan los mismos, ya que sostiene que ni siquiera deberá haber información sobre esos antecedentes”, explica la resolución de los tribunos.
En otro de los puntos, manifiestan su molestia por la actitud de Carignano de ignorar las exigencia de la COM en cuanto a la actitud personal y moral de las personas que ocupan la función pública y la posición adoptada al no remitir la resolución judicial y “enviarlos a Córdoba a averiguar” sobre el tema.
Por su lado, el municipio dio su versión.

La versión oficial

El rechazo de las órdenes de pago de Otto Wester disparó una respuesta oficial. El comunicado expresó: “El Tribunal de Cuentas y sus vocales autorizó, a la misma persona, bajo el mismo contrato, por los mismos conceptos, por los mismos montos, el pago de las órdenes número 0001-00000202, de fecha 26 de noviembre de 2009; 0001-00000226, del 28 de diciembre de 2009; y 0002-00000138 de fecha 7 de febrero del corriente año.
Por tal motivo, resultan extrañas las circunstancias apuntadas en la resolución emanada por los vocales del Tribunal de Cuentas no dando curso a las órdenes respectivas. A su vez y por más que los vocales hayan tratado de aclarar que no quieren abrir juicio de valor sobre el ingeniero Wester ni indagar sobre sus conductas, al rechazar, sin más, las órdenes de pago ya mencionadas han presupuesto que el mismo no tiene la calidad para ser contratado por el citado Instituto Municipal de Inversión (IMI).
Es oportuno resaltar que el ingeniero Wester es un profesional contratado para una función específica de Consultor de los Proyectos Ejecutivos del Promeba, que financia el Ministerio de Planificación Federal y cuyos fondos vienen expresa y directamente para el pago de sus honorarios, ya que el contrato suscripto con el mismo fue sometido a la consideración del mentado Ministerio quien otorgó la autorización correspondiente.
Por tal motivo, se considera que los vocales realizan una interpretación errónea acerca del ingeniero Wester, ejerciendo alguna función gubernamental, más allá de que el mismo está en condiciones legales y morales de hacerlo. Por ello se expresa que la resolución esta movilizada por cuestiones políticas que buscan desprestigiar al Gobierno municipal o al Instituto propiamente dicho, al intentar infundadamente objetar la contratación de un profesional”, concluyó.

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