El juez Marcelo Salomón presidió ayer la audiencia de conciliación por la denuncia de una empleada de Tránsito, Marcela Quiero, en contra de su superior, Fabián Carranza, por supuesto acoso sexual y laboral.
Después de dialogar sobre la situación denunciada, las partes no llegaron a un acuerdo y la causa seguirá su curso.
No trascendieron detalles de la audiencia debido a que el magistrado dispuso una especie de “secreto de sumario”, según definieron los abogados. Aunque esa figura sólo es aplicable en el ámbito penal cuando hay menores o son delitos de instancia privada.
Sin embargo, como en este caso se trata de una denuncia en el fuero laboral, resultó llamativa la medida.
“No conocemos los fundamentos pero supongo que debe ser por el componente sexual que tiene la denuncia”, indicó Eduardo Rodríguez (h), abogado de Carranza.
Aclaró que ninguna de las partes solicitó esa medida al juez, pero lo concreto es que por resolución le “imprimió el carácter de reservado al expediente -es decir que no puede salir de Tribunales- y obligó a los letrados y a las partes a no ventilar lo acontecido en la audiencia”.
En el mismo sentido se expresó Cecilia Pérez Correa, abogada de la denunciante, a quien también le llamó la atención la disposición del juez. “Hacer pública una denuncia laboral ayuda a otras personas que atraviesan por la misma situación a animarse a denunciar. Pero por supuesto, vamos a acatar lo que dispuso el juez”, indicó.

@Denuncia compleja

Cecilia Pérez Correa representa a un grupo de mujeres que se desempeñaban como contratadas en el área de Tránsito de la Municipalidad.
Todas aseguraron que había una presión permanente para acceder a propuestas e insinuaciones de índole sexual de parte de Carranza y otros dos superiores del área, como condición para que les renovaran el contrato.
El caso más detonante por la persistencia en el tiempo fue el de Ivana Chialvo, quien denunció a Rubén Quevedo por acoso. A la joven la jubilaron por considerarla imposibilitada de seguir trabajando en esas condiciones. Las demandas son contra las personas y la Municipalidad.