El ex senador provincial Daniel Antonio Baysre presentó ayer una denuncia penal en los Tribunales de Villa María para que se investigue un presunto intento de estafa por parte de la Dirección General de Rentas (DGR) en el cobro del Impuesto Inmobiliario, por una supuesta deuda que dataría del año 2003.
Baysre, quien también fue concejal y precandidato a intendente de esta ciudad por el radicalismo, concurrió a la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno para dejar un escrito a través del cual le solicita al fiscal Félix Martínez que indague sobre el accionar de las personas que pudieran estar involucradas en las maniobras defraudatorias con las que se lo pretende perjudicar económicamente.
Según la “liquidación de deuda judicial” emitida por la DGR el pasado 22 de febrero, Baysre figura con un domicilio de la ciudad de Córdoba, cuando en realidad la vivienda por la cual paga el Impuesto Inmobiliario está ubicada en barrio Santa Ana de Villa María.
Para que quede más claro, el otrora dirigente de la UCR y docente jubilado aparece en los registros de Rentas con domicilio fiscal en avenida Madrid 2223, Código Postal X 5014 HYE, en la capital provincial (un inmueble que está próximo al parque Sarmiento), mientras que la casa sobre la que paga impuestos está situada en Fernando Bonfiglioli 95, Código Postal X 5901 BUA, es decir en esta ciudad.
A través de una simple búsqueda en la guía telefónica de Córdoba, EL DIARIO pudo establecer que en la finca de avenida Madrid 2223 está domiciliado un hombre llamado Atilio Mario Bacchín.

@ Todo empezó...

La irregular maniobra fue detectada por Baysre luego que, el pasado 8 de febrero, abonara totalmente, y de contado, el Impuesto Inmobiliario Provincial correspondiente al año en curso sobre la propiedad de barrio Santa Ana, registrada en la DGR bajo el Nº de cuenta 160411203406.
Cuando el ex legislador revisó el recibo de pago, constató que no le habían hecho el descuento de la cuota 50. Así, su hijo Jorge Daniel se dirigió a la Delegación local de Rentas para averiguar el motivo de la omisión, pero la respuesta fue que, a pesar de tener pagos los impuestos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, aún debía el del año 2003.
Cuando Baysre (h) pretendió regularizar la situación del año adeudado, a pesar de su extrañeza, recibió como respuesta que “no podían cobrarle, ya que se le había iniciado juicio”. Y al requerir mayores precisiones sobre un pleito del cual jamás habían tenido noticias, el empleado de la DGR le entregó una copia de la “liquidación de deuda judicial”.
En dicha liquidación, el ex dirigente radical figura con aquel domicilio fiscal falso de avenida Madrid 2223. Asimismo, en la planilla de referencia aparece el nombre del abogado villamariense Sergio Ricardo Caballero, en calidad de procurador.
Cabe señalar que, según la citada liquidación, el importe adeudado es de 1.392,10 pesos, aunque lo que todavía Baysre desconoce (porque no le permitieron acceder al expediente del juicio en su contra) es el monto de los honorarios profesionales que tendría que abonar, estimado en varios miles de pesos.

@ Consideraciones

Al fundamental su denuncia, Baysre le solicitó al fiscal Martínez que tenga en cuenta que “el domicilio fiscal es un dato fundamental que debe ser establecido, y está protegido con las mayores garantías para el contribuyente, por lo que antes de fijarlo o cambiarlo debe, obligatoriamente, cumplir con una serie de requisitos, como hacer la declaración jurada del mismo, presentar un servicio de la propiedad, y si no está presente en la DGR, pedir su inscripción o cambio, mediante firma certificada por escribano”.
“Jamás viví en la dirección que me endilgó la DGR -añade Baysre en el escrito-, ni nunca puse un domicilio fiscal ajeno al de Villa María y que no se puede, responsablemente, atribuir a un error de la máquina, que provoca, nada menos, que la iniciación de acciones judiciales contra un contribuyente en estado de indefensión, y cuando además, los abogados que representan al ente recaudador, no verifican, ni siquiera la veracidad de los datos detallados en la liquidación de deuda judicial.”
Por ello, el denunciante le pide al fiscal de Instrucción “que investigue el accionar de los involucrados ya que, a mi criterio, queda evidente el intento de estafa, que de no haber sido por una circunstancia fortuita, hubieran seguido llegando al domicilio falsificado, las notificaciones judiciales, y al no comparecer, se me declarase en rebeldía, para finalmente encontrarme frente a mi propiedad con una bandera de remate”.
“Señor fiscal -añade Baysre- mucho me temo que esta turbia acción esté enmarcada en un ‘modus operandi’ delictivo y que sean muchos los contribuyentes que estén en la misma situación por la que debo atravesar.”

@ Sin respuestas

En la parte final del escrito, el otrora concejal villamariense se pregunta: “¿Quién se hace cargo de los daños reales o potenciales que esta situación ya me ha ocasionado? ¿Con qué derecho dañan mi prestigio personal, mantenido a través de 71 años?”. Y añade: “Me obligan a nombrar un abogado a fin de encontrar el expediente con la demanda y ejercer mi defensa, a pesar de que solicité a los abogados demandantes, copia del mismo, y ni se dignaron a contestarme.”
“Además -continúa-, existe la posibilidad de que se ingrese mi nombre al VERAZ, con más daños colaterales que deberé afrontar. Por último, las molestias y el tiempo que debo destinar a la dilucidación de un problema que no es tal, sino que ha sido fabricado.”
Por último, Baysre se pone a total disposición del fiscal Martínez “para dar los nombres de quienes tuvieron algo que ver en este suceso y detallarle los pasos seguidos desde la notificación verbal, por parte de un empleado, que estaba bajo proceso judicial”.