El embargo decretado por el Juzgado Civil en Primera Instancia a cargo de Ana María Bonadero de Barberis recayó en las cuentas de Rentas Generales, sobre la cuenta Sueldos y otras con destino específico, como el de Viviendas. Ante esto, “el municipio pone en riesgo su continuidad en la provisión de servicios” y la discusión por el ajuste salarial de los trabajadores municipales, además de paralizar toda obra pública y la concreción de proyectos.
El intendente Eduardo Accastello recalcó dos conceptos: “El incierto interés privado”, el “desprecio del bien público y el sentido común”, en alusión a una demanda por 30 mil pesos de honorarios adeudados a un funcionario local en los años de plomo que, 34 años después, se convirtieron en 5 millones de pesos.
El mandatario advirtió que el Estado tiene previsto para este año un fondo presupuestario para hacer frente a los procesos que llevaron a la ordenanza que decretó el año pasado la emergencia e inembargabilidad de fondos, pero “con la decisión de la jueza -sostuvo- se altera la norma legal del municipio”. Asimismo, afirmó que la magistrada “es y será la responsable” si el Tribunal Superior de Justicia ordena abonar montos inferiores a los embargados.
Accastello adelantó que recorrerá “cada rincón de mi ciudad” para explicarle a los vecinos tal situación y subrayó que “trabajaré por la justicia, la equidad y el sentido común”, defendiendo “los intereses de los vecinos cueste lo que cueste”.

“La ordenanza no se contempló”

Por su lado, el asesor letrado de la Municipalidad, Luis Rey, puntualizó que se libraron dos oficios de embargo, por cifras de 790 mil y 82 mil pesos, mientras que hay otro pedido por 1.300.000, lo que hace un total de más de 2 millones de pesos.
“La pretensión de la familia es de 5 millones de pesos, nosotros sostenemos que es muy inferior. Hay una diferencia en el cálculo de intereses, calculan intereses sobre intereses”, explicó el abogado.
“Para la mediación nunca es tarde pero cuando uno se sienta y las pretensiones son desmedidas es imposible dialogar”, afirmó.
Rey dijo que se espera que el Tribunal Superior de Justicia se expida en los próximos días y otorgue el efecto suspensivo de los embargos.
“La jueza no contempló la ordenanza (de emergencia), la que aún con su declaración de inconstitucionalidad está en vigencia porque eso fue recurrido”, aseveró y descartó razones políticas en el dictamen de la magistrada.