El municipio quedó virtualmente paralizado ayer por la decisión de la jueza en lo Civil Ana María Bonadero de Barberis de embargar las cuentas de la comuna por una causa que tiene su origen en los años de la última dictadura militar. En el marco de un contexto pocas veces visto, el intendente Eduardo Accastello expresó su preocupación -visible en su rostro- en un Salón Blanco del Palacio Municipal colmado de miembros del Ejecutivo, concejales y referentes vecinales.
El caso que desembocó en la delicada situación que atraviesa hoy el Gobierno se remonta a 1977, cuando a Heriberto Tissera, quien estuvo como encargado de la dirección técnica de la Obra de Gas por Redes del municipio -en esos años oscuros de la Argentina reciente-, se le quedó debiendo honorarios por un monto cercano a los 30 mil pesos. En 1989, el hombre -ya fallecido- inició una demanda contra el municipio y hoy el monto en juego orilla los 5 millones de pesos.
El 3 de setiembre de 2009, el Concejo Deliberante -sin el aval del bloque democristiano- sancionó una ordenanza que declaró la “emergencia, consolidación de deudas, moratoria y programa de cancelación de juicios con sentencia firme por causas anteriores al 10 de diciembre de 2009”, que es cuando asume por primera vez el intendente Accastello.
Dicha norma abría un paraguas ante la amenaza que significaban demandas por 12 millones de pesos originadas en la dictadura, a excepción de una que tiene su nacimiento en 1997, cuando un joven navegaba en velero por el balneario y recibió una descarga eléctrica al pasar bajo un cable de alta tensión. La ordenanza estableció la inembargabilidad de fondos y decretó la emergencia por 24 meses.
Sin embargo, la jueza Bonadero la consideró inconstitucional y accionó contra el Estado.
“Tenemos que venir hoy a contarle a los vecinos esta difícil situación, fruto de que la jueza Bonadero ha embargado todos los fondos de todas las cuentas (municipales) del Banco de la Provincia de Córdoba”, expresó ayer el primer mandatario villamariense.
Esto se da “por el reclamo de honorarios a un Gobierno antidemocrático y dictador, por un reclamo que no está firme, por un reclamo de 30 mil, 40 mil pesos por tres meses de trabajo”, agregó.
Accastello -visiblemente molesto- resaltó que la decisión judicial se produce “a 34 años de ese Gobierno antidemocrático y antipopular” y calificó de “pretensión desmedida” la de la familia de Tissera “por sólo tres meses de trabajo”.
“El cuestionamiento del monto es un despropósito”, enfatizó.
El jefe comunal recordó la sanción de la ordenanza de emergencia económica y recalcó que “pese a ello la jueza ordenó el embargo sin dar previa intervención al municipio”. “No dio derecho de defensa”, cuestionó el titular del Ejecutivo.
“Esta situación es intolerable”, expresó. De cerca, seguía su discurso su esposa, la diputada nacional Nora Bedano.