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Jesús Chirino

En 1975 la economía del país comenzó a tomar un rumbo que no sería el mejor para toda la población. Luego del golpe de Estado, el 2 abril de 1976, José Martínez de Hoz, como ministro de economía de la dictadura, pronunció su primer discurso delineando el programa liberal para la economía del país. Si bien se produjeron discusiones entre los diferentes equipos económicos de la dictadura siempre se trabajó en pos de una redistribución regresiva del ingreso. Repasamos aquí algunos de los discursos, sobre el tema, que en 1981 y 1982 circulaban en Villa María.

Necesidad de participación
Para entonces ya se observaba con nitidez lo que la dictadura significaría para el aparato productivo del país. La liberalización de la economía había avanzado y el desempleo aumentaba al ritmo de la disminución de la producción en las fábricas o del cierre de éstas. A la vez se continuaba usando la represión contra quienes se oponían a esa concepción de la economía que abrevaba en el paradigma ultraliberal difundido desde casas de estudios del hemisferio norte, especialmente la Universidad de Chicago y que había iniciado su experiencia en esta parte de América a partir del golpe de Estado que en 1973 derrocó el Gobierno de Salvador Allende en Chile.

El 26 de marzo de 1981, días antes de la asunción de Roberto Eduardo Viola, el diario local "Noticias de Villa María y la zona", publicó las opiniones que acerca del proceso económico manifestaban representantes de instituciones del medio. Se partía de la idea de que existía una "delicadísima situación económica" en el país. Así Emilio Paredes, delegado regional de la Federación Agraria Argentina, entre otras cosas hablaba de la necesidad de que en las decisiones nacionales participaran "los sectores económicos y sociales". También sostenía como necesaria una reforma tanto de lo impositivo como "de la estructura dispendiosa e ineficiente del Estado". Paredes consideraba que "el impuesto y con él, el Estado, deben ser instrumentos para el crecimiento y no herramientas para la destrucción de las fuerzas productivas".

Por su parte Pablo Vasallo, presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, sostuvo que a pesar de que hacía tiempo las autoridades decían que "el país está en marcha" no se sabía bien hacia qué objetivo se iba. Para Vasallo el problema económico estaba ligado al político, incluso el moral, señalando que interpretaba que "los pueblos aspiran a ser dueños de su propio destino y a ser conducidos por los gobernantes en quienes ellos depositen su consenso. Mientras ello no ocurra, no habrá soluciones de fondo".

@Achicar el Estado

"Noticias…" también recogió la opinión de Joaquín Sáenz, entonces titular de Sociedad Rural "Villa María". El dirigente agrario sostuvo que era "una obligación de todos los argentinos, sin partidismos ni banderías políticas, reconocer en el… gobierno de las Fuerzas Armadas, la erradicación total de la criminalidad subversiva, a raíz de lo cual nos permite vivir en paz". En lo estrictamente económico criticaba que a partir de 1976 desde el Gobierno, según su opinión, se había recurrido "al traspaso del capital privado a las arcas oficiales, mediante leyes y decretos que crearon impuestos y aumentaron otros, llevando a la industria, al comercio y al campo a un estado total de quiebra…". Remarcando la importancia de la propiedad privada decía "…que el capital que cada habitante de la República hace para sí es también un patrimonio innegablemente nacional", Sáenz sostenía que debían fomentarse las exportaciones, defender la industria nacional, "contener el gasto público y el déficit fiscal; crear tasas promocionales para el campo y la industria; regularizar la importación, cerrando la compra de artículos superfluos; rebajar los impuestos…" y respaldar la moneda nacional con oro y divisas fuertes.

En tanto el interventor en el Centro Comercial e Industrial Regional, Fernando Pieckenstainer, hablaba de la difícil situación de las empresas. Apuntó contra la presión tributaria, la inaccesibilidad al crédito y los altos costos financieros. También hablaba de "…la ineficiencia del sector público, sin dejar de reconocer el alto costo que debió afrontar el Estado en la lucha contra la subversión, para gozar de esta paz social tan anhelada y envidiada mundialmente…". Como propuesta Pieckenstainer proponía "establecer una moratoria general de deudas bancarias, previsionales y fiscales", también solicitaba que se redimensionara "del sector público para morigerar el gasto".
En este punto acordaba con Carlos Brigante, representante de Cartez, que sostenía que se requería "dimensionar y eficientizar el aparato del Estado, eliminar el tremendo déficit fiscal y disminuir la presión impositiva…". Desde la entidad agraria también se solicitaba crédito para el sector y refinanciación de la deuda del mismo.

Enunciándolo de diferentes formas, varias opiniones coincidían en la supuesta necesidad de "achicar" el Estado, reducir el gasto y bajar los impuestos.

@La privatización

En enero de 1982, el mismo diario "Noticias…" difundió las opiniones que el vecino José Tarter acercó a la Redacción en una nota titulada "El miedo a la privatización" donde se valoraba la política de privatización de las empresas del Estado que llevaba adelante el Gobierno nacional. Tarter había sido militante del partido político Nueva Fuerza que lideró, entre otros, un ícono del pensamiento liberal en el país, Alvaro Alsoragay.

Rescatar el escrito de Tarter permite aproximarnos a una serie de sitios comunes en los discursos que apoyan al oficialismo antipopular. En su escrito Tarter sostenía que "Desde -hace-unos 40 años, los gobiernos de turno procedieron a la estatización de empresas, creando en aquel entonces una clara euforia nacionalista porque se suponía que el pueblo de la Nación se beneficiaría con el mejoramiento de los servicios, la reducción de los precios y el hecho anecdótico de satisfacer algún orgullo paternalista del fascismo trasnochado de la época. En resumidas cuentas, todo se traducía en demostrar un crudo anti liberalismo local ante el desagrado e impotencia por la derrota de las naciones totalitarias en la Segunda Guerra Mundial. Tal es así que junto a las nacionalizaciones aparece una fuerte corriente anti-aliada y sobre todo anti-norteamericana con eslóganes como "Braden o Perón", "Mate sí, wisky no", etcétera".

Tarter se sumaba al desprestigio de lo estatal a la vez que sostenía que todas las empresas del Estado se habían "…convertido en enorme maquinaria burocrática, costosa, ineficiente y arbitraria, difícil de sostener con nuestros menguados recursos económicos". También señalaba que "otro argumento insostenible que esgrimen los no-liberales es cuando se refieren al ‘patrimonio nacional’ como si la Nación no la formáramos todos, con nuestros grandes o pequeños bienes, con nuestro mayor o menor deseo de prosperar, con nuestros derechos y limitaciones que nos otorga una Constitución sabia. Como si no fuera patrimonio nacional el derecho que nos asiste a pedir rendir cuentas del destino que se da al impuesto que el Estado recauda, y a exigir servicios buenos y baratos y es en defensa de estos derechos que le reclamamos al Estado que achique su tamaño, que transfiera a los particulares lo que pueden hacer con eficiencia, que el Estado se ocupe de lo específico que son las relaciones exteriores, Justicia, Fuerzas Armadas, educación, sanidad y otros pocos rubros, que con esto tiene bastante si lo hace bien".
Terminaba marcando que había escrito con la esperanza de que algunos sectores perdieran el miedo a las privatizaciones.Tarter decía que las mismas no significarían "despidos masivos o problemas de subsistencia. Por el contrario, la dinámica que la empresa privada va a proyectar, hará posibles empleos mejor pagados y mejores oportunidades de progreso".

Claro que lo sucedido durante la dictadura cívico militar y en la profundización del mismo modelo económico en los años noventa desmintió la fe ciega que algunos depositaron en la privatización y la desregulación del mercado.