“De qué nos sirve
la libertad,
si no hay justicia,
María Pilar...”
De una canción
de Teresa Parodi, en los
albores de la democracia


La Asamblea Popular Todos por la Justicia de Villa María dará a conocer hoy, al cumplirse el segundo aniversario del intento de asesinato en contra del ex dirigente lucifuercista Alejandro Roganti, un documento en el que reclama el esclarecimiento total de ese caso, así como también la desaparición de Mariela Bessonart y otros más de veinte crímenes impunes.
La Asamblea, en la que convergen APDH, Verdad Real y Justicia para Todos (VyJ), la Asociación Civil “Eduardo Requena”, entidades culturales, educativas, gremiales y políticas, entre otras, eligió hacer público su documento en el Concejo Deliberante local, por ser considerado “la casa del pueblo”.
Han confirmado su asistencia familiares del propio Roganti y de Bessonart, además de representantes de las organizaciones que salieron a la calle a exigir justicia desde el 14 de abril de 2008.
Hasta ese momento, en la ciudad bregaba en solitario Verdad y Justicia, surgida tras el crimen de Mariela Ramona “La Condorito” López, de 27 años (la degollaron el 19 de febrero de 2002 y fue encontrada días después por un transeúnte, envuelta en una frazada a la orilla de una calle, en el barrio Felipe Botta).
VyJ estaba integrada por entonces por familiares de las víctimas de los crímenes impunes. De la entidad se desprendieron después Verdad Real y Justicia para Todos, por un lado, y Línea Fundadora, por el otro (aunque ambas confluyen en la Asamblea Popular surgida a partir del “caso Roganti”).

Un caso, todos los casos

Hace exactamente dos años, el 14 de abril de 2008, dos sicarios llegaron a la casa de la familia Roganti, en barrio Rivadavia, golpearon a la puerta y preguntaron por el dirigente de Luz y Fuerza (distanciado por entonces de la conducción de la Regional Villa María que encabeza Eduardo Brandolín). Cuando el sindicalista se identificó, uno de ellos le descerrajó cinco tiros con una pistola calibre 9 milímetros.
El accionar de un policía vecino de los Roganti en el momento y la pesquisa posterior, llevó en semanas a la detención de los hermanos Sebastián y Maximiliano Eve, en Paraguay y España, respectivamente.
El primero se sentaría en el banquillo ante un tribunal el 10 de mayo próximo y del segundo aún se aguarda su extradición.
El fiscal que llevó el caso llegó a allanar la sede de la Regional de LyF que conduce Brandolín y a descubrir cruces de llamadas entre teléfonos de los Eve y líneas corporativas del sindicato, antes y después del atentado. Pero aún no se alcanzó la determinación con pruebas fehacientes de hacer comparecer a quienes planificaron el asesinato.
Las entidades que bregan por la verdad y la justicia en torno a éste y otros muchos casos, repartirán hoy a la prensa un documento a través del cual explican la necesidad de que la Justicia llegue “hasta el hueso”, caiga quien caiga.