Señor director:
Escribo estas líneas sobre la opinión en carta de lectores del día 11 de abril sobre el disparador de la libertad condicional de Guillermo Luque (foto), a manera de complementar las reflexiones iniciadas allí.
Cuando hablamos de delito hablamos de delincuente, dígase por éste una persona que ha quebrantado normas sociales de algún tipo. Sobre el delincuente se depositan imaginarios sociales, prejuicios, cantidad de condena, el hecho cometido. Más de una vez, querer cubrir a la persona con el delincuente es un reduccionismo, significa perder de vista a la particularidad de cada sujeto para ganar en la necesidad de lograr resolver con escasos recursos la situación de miles de casos que se presentan todos a la vez. Esta es una práctica frecuente al institucionalizar el delito en un país como el nuestro, donde la urgencia sólo permite atender lo básico de la masa.
Justicia que se aplica en un país endeudado, del tercer mundo, que tiene que pagar con reservas las deudas e invertir en desarrollo globalizado (como las notebooks que se están repartiendo), pero no tiene asegurados los servicios básicos a toda la comunidad como la salud, la educación y la seguridad social. ¿Qué hace un chico de Formosa donde su hospital está lleno de cucarachas y su escuela se cae a pedazos con una notebook?
Al reducir esfuerzos de tratamiento con la persona que transgredió una ley (o varias) implica injusticia en cualquier sentido, tanto para quienes han delinquido y pudieron transitar un proceso de cambio mereciéndose la oportunidad de probar y no la tienen, como para quienes pasan por una condena inmutables, e incluso, con sentimientos de triunfo sobre un hecho de profundo dolor para las víctimas.
Es necesario poder ver que quien delinque no lo hace sólo por maña (visión típica de la sociedad) o mala suerte (visión típica del transgresor), tiene una situación compleja, con una vida proclive a ello, por la vulnerabilidad que le implican diversos factores que lo acompañan (sociales, económicos, culturales, psicológicos, etcétera). Por lo tanto, creo que no se trata solamente de penas cada vez más severas o extensas, porque si se sigue visualizando a las cárceles como depósitos nada va a cambiar, el preso tarde o temprano va a salir y de su familia van a surgir repeticiones de esas condiciones desadaptativas. Además, mientras sólo pensemos a la delincuencia cuando esta ocurre fehacientemente estaremos intentando tapar el sol con un dedo, porque encerramos a uno y se generan miles día a día por ser esclavos de la diferencia de oportunidades para acceder a la educación, a la cultura, a la satisfacción de necesidades básicas (no sólo materiales, también afectivas). También la corrupción es causa de la delincuencia, también la falta de justicia en un estado de derecho.
Lo cierto es que detrás de cada delito hay una persona, una problemática más de las veces severa, que no se soluciona con cumplir pautas de estudio, tareas laborales o comportarse bajo regímenes de disciplina.
Las leyes de nuestro país son claras escritas en tinta, transmiten un espíritu de responsabilidad y tratamiento del Estado sobre ese individuo transgresor, pero no están garantizados en los hechos reales los recursos para llevarlas a cabo. Cuando un preso pretende un beneficio, según versan las leyes, el juez debe evaluar las condiciones de la persona teniendo en cuenta su capacidad para regresar a la sociedad. Es más fácil para cualquier ser humano conseguir adaptarse a un acatamiento de normas de convivencia para tener buena conducta que modificar su estructura de pensamiento. Buscar este último objetivo requiere mayor esfuerzo, inversión y responsabilidad compartida por parte de los operadores de justicia. Al parecer esto no sucede. ¿Si no como es posible que una persona como Guillermo Luque obtenga el beneficio de la libertad condicional declarando abiertamente que es inocente? ¿Cuál fue el sentido de la pena impuesta? Uno se queda con la duda, o se equivocó la administración de justicia en condenarlo o falló un tratamiento.
El período de la libertad condicional, según las leyes, es un período de tratamiento más, que no se cumple en la cárcel sino en la calle, con estricta supervisión del juez que la otorga mediante la ayuda de organismos dedicados a ello. Si el condenado no cumple con esas pautas de tratamiento ese beneficio debe ser automáticamente revocado ¿Dónde están esos organismos, esas supervisiones? ¿Dónde está el juez que escucha las declaraciones de Luque por televisión una vez obtenido el beneficio? Seguramente atareado por miles de expedientes que debe resolver para ayer, no sólo por la cantidad de casos que le corresponden sino porque su órbita de injerencia es multifueros. ¿Dónde están quienes deberían haberse encargado del tratamiento de Luque durante su condena? Apuesto que también hipercargados de tareas, con dobles o triples funciones por la escasez de personal, tratando de salvar la superpoblación cada vez más acuciante de las cárceles, sin garantías ni respaldos para la capacitación y tironeados por diferentes intereses políticos.
En el medio estamos todos juntos, sociedad entera tratando de encontrar la solución en la punta del ovillo cuando la falla es estructural. Tiene que ver con un proyecto de Nación, con la responsabilidad social de cada uno de nosotros cualquiera sea el lugar que ocupemos.

P. S. A.
DNI 28626461