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Jesús Chirino

La organización del control y la represión en lo cultural y educativo montada por la dictadura cívico militar de 1976 fue la contracara de un poder que en su otra faz contempló los campos de concentración, los grupos de tareas, los robos de bebés, las torturas y todos aquellos otros dispositivos que usó para instaurar el terror. Como sabemos, todo esto llegó hasta nuestra ciudad.

Quemar letras

La censura literaria, una manera de represión ideológica, fue un “mecanismo” que la dictadura utilizó para sostener el sistema de dominación terrorista que practicaba. La censura de la palabra escrita no fue algo improvisado, en relación a este punto los investigadores Hernán Invernizzi y Judith Gociol en su libro “Un golpe a los libros” dicen “… no se argumentaba que tal o cual libro les atacaba y les contradecía y, por lo tanto, era legal censurarlo. Hubo un plan de represión cultural: la desaparición de personas tenía que corresponderse con la desaparición de los símbolos culturales”.

Desde su inicio la dictadura fue armando una gran infraestructura destinada a controlar todo aquello que se publicaba. No limitándose a la destrucción de cierto material literario, también promovieron la publicación de aquellas producciones que sintonizaban con la concepción de mundo que promovían. En relación a la destrucción de libros recordemos que el 29 de abril de 1976, el criminal Luciano Benjamín Menéndez, entonces jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros. Así fueron llevadas a las llamas obras de Galeano, Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Saint-Exupéry,
Vargas Llosa y quién sabe cuántos otros autores. El ahora encarcelado Menéndez declaró que lo hacía “a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas... para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos”. Y según recogió al otro día el diario “La opinión”, el general que batallaba contra la letra escrita, agregó que: “De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina”.

Como todos los autoritarios, esta gente no era proclive a los debates con aquellos que pensaban distinto, es más si estaba a su alcance eliminaba las obras o directamente a sus autores. Así fue que desde el Ministerio de Educación y Cultura pusieron en marcha la denominada "Operación Claridad" que no fue otra cosa que un plan para la caza de opositores en toda el área cultural. Como fruto del este plan se produjeron desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, como también despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.

En la ciudad

En Villa María se revisó lo que existían en la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno para que no quedaran ejemplares de libros prohibidos. También aquí llegaron circulares de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba en las que se







hacía saber a los representantes locales de la dictadura, a cargo del Gobierno municipal, de títulos censurados.

Como es costumbre en este espacio citamos documentos concretos que prueban este tipo de afirmaciones, porque para algunos la memoria molesta y pretenden que sólo tengamos recuerdos selectivos. Así tenemos que, fechada el 14 de diciembre de 1978, la circular 161 de la mencionada Secretaría comunicaba a los representantes locales de la dictadura la prohibición de dos libros. En el escrito se sostenía que, a partir de los decretos nacionales 2607 y 2608 firmados en octubre de ese año por Videla, se prohibían los libros “Nuestros muchachos” de Alvaro Yunque, y “Tía Julia y el escribidor” de Mario Vargas Llosa.

En tanto el 14 de diciembre de 1979, Daniel O. B. Pedraza, secretario de

Gobierno municipal, firmó el reverso de la Comunicación 49 de la referida Secretaría provincial. Allí Pedraza escribió “pase a la Dirección Municipal de Cultura a sus efectos”. En esa directiva el doctor Juan Isidro Nicastro, entonces director de Planeamiento y Coordinación, le pedía al Poder Ejecutivo local que adoptara las medidas necesarias para ejercer su autoridad de policía en materia de “moral y buenas costumbres…” prohibiendo la venta y circulación del libro titulado: “Cómo mejorar al hombre en la cama, de la Editorial ATE (España)”. Se decía que en la obra se postulaba un falso carácter científico y “además vulnera la dignidad y pudor públicos, con el agravante de estar expresado el mensaje en forma de consejos para poner en práctica, lo que constituiría infracción municipal o ilícito penal”.

Las circulares siguieron llegando. Otra que podemos mencionar es aquella fechada el 21 de mayo de 1980, que la Secretaría provincial numeró como la 36 de ese año. Firmada por el coronel retirado Mario César I. Amuchástegui en ella se transcribía el Decreto 433/80 firmado por Jorge Videla y el ministro del Interior, general Albano Hargindeguy prohibiendo el libro “El Marxismo Leninismo, doctrina viva y eficiente”.
El Gobierno local hacía que inspectores municipales fueran a las librerías a comunicar lo dispuesto. Así quedaron registradas las firmas de titulares o empleados que se dieron por notificados de las prohibiciones en las librerías, “Macondo”,“Abel R. Cabral Libros”, “Bettini Hnos.” (central y sucursal), “Lapilandia”,“Ubaldo M. Bertino”, “Eduardo Clos”, “Verbo”, “9 de Julio” y “Foto Sur”.
Sería mejor que todo esto no hubiera sucedido, pero están los diferentes tipos de documentos que prueban que las prohibiciones también actuaron en Villa María y muchos de aquellos que sirvieron a esto sabían lo que pasaba y que la censura de la expresión de los ciudadanos era uno de los pilares que sostenía el terror. Los que actuaron desde la ignorancia siempre han tenido la posibilidad de expresarlo públicamente en lugar de porfiarle a los documentos.