La intención del municipio de Villa María de tercerizar el cobro de la contribución sobre Publicidad y Propaganda a empresas foráneas, es llamativa, en cuanto delega funciones básicas del Gobierno, que debiera tener todas las condiciones para ejercer por sí, la potestad tributaria y el poder de policía.
Este concepto fue el prólogo de un comunicado emitido por la Unión Cívica Radical sobre la iniciativa que el Concejo Deliberante aprobó en primera lectura y que hoy será puesta a consideración de los vecinos en Audiencia pública.
El proyecto que pretende licitar la contratación del servicio de cobro de la tasa sobre la propaganda y que está pensado “para incrementar” el ingreso en ese rubro fue cuestionado en su totalidad por el comité presidido por Felipe “Kililo” Botta.
“El argumento esgrimido de que esto aumentaría la recaudación por este concepto implica el reconocimiento de la propia incapacidad e ineficiencia”, remarca el escrito del radicalismo.
Seguidamente, el escrito hace consideraciones con relación al tributo. “En la Tarifaria se establece el cobro de la contribución cuando se utilizan carteles en la vía pública o espacios públicos, pero también en casos de calcomanías pegadas en las puertas de los locales, o por loteos en vehículos, entre otros casos”, aclara.
“La pretensión de cobro del municipio no se encuentra en discusión cuando se habla de propaganda exhibida en la vía o espacios públicos, ya que en estos casos se puede identificar y legitimar un accionar del municipio sobre el obligado como ser el requerimiento de habilitación o autorización, actividades de contralor o inspección, etcétera, fundamentado así el ejercicio del “poder de policía” que además debiera ejercer un control de la uniformidad, estética del espacio público, de la preservación de la salubridad visual o para evitar cualquier otro efecto pernicioso que pudiera derivarse de carteles, como así también de la integridad estructural de los mismos para garantizar la seguridad de quienes transitan por las calles”, remarca en otro de sus pasajes.

“Imposición por partida doble”

Seguidamente, el escrito de las autoridades del radicalismo subraya que “distinto es el caso cuando se pretende el cobro de una tasa, sobre publicidad y propaganda cuando la misma se desarrolla en un ámbito que no sea la vía pública (por ejemplo calcomanías en vidrieras o propagandas dentro de locales)”.
“En estos casos es difícil probar un hecho imponible distinto a la actividad comercial propia de un negocio que ya está grabado por otros tributos (Impuestos a las ganancias, Ingresos Brutos, tasas por la actividad comercial), por lo que la pretensión del cobro de una contribución por publicidad y propaganda, en estos casos, implicaría una doble imposición.
Esto hace necesario la modificación de la ordenanza tarifaria a los fines de dejar claramente establecido que la contribución alcance únicamente a las publicidades y propagandas cuando las mismas se hacen en la vía o en el espacio público.”
En el escrito, el radicalismo aborda por otro lado la necesidad de determinar eximiciones.

La posición

El partido también fija posición en el tema que hoy será expuesto en Audiencia pública.
“La Municipalidad debe trabajar sobre su propia ineficiencia, 1º) Modificando la ordenanza tarifaria ajustándola a derecho y 2º) Capacitando a su personal a los fines de eficientizar la recaudación y el poder de policía, y no convertir una potestad del municipio en un negocio de particulares, que seguramente van a arrastrar a largar discusiones judiciales atento a la pretensión de estas empresas de extender el cobro de la contribución de dudosa legalidad.”, precisa el escrito firmado por Botta.
Manifestando su asombro por “el apuro del Concejo” para aprobar el pliego de “privatización de la gestión de cobro”, Botta resalta que hasta el momento no han sido consultadas las instituciones que representan a los comerciantes, los perjudicados en este caso.
Finalmente, solicita al Deliberante que “desista de la urgencia y ponga en consideración de la sociedad este tema, para que se trate en un plazo no menor a 15 días y no sea otro antecedente del vaciamiento y privatización de las funciones básicas del municipio.”