Rodeado de casi todos los integrantes de su Gabinete (faltó la secretaria de Salud y Acción Social, Alicia Gorno) y los concejales oficialistas, el intendente Guillermo Cavagnero presentó ayer un cuadro que definió como “delicado y complejo” y que puso en jaque al municipio: la sentencia desfavorable para la comuna en un proceso judicial que iniciaron tres empleadas en 2001, durante la gestión del hoy legislador provincial Marcelo Frossasco.
La Justicia Civil de Villa María falló a favor de Graciela Gignoli, Adriana Hipólito y Claudia Sequeira, quienes se desempeñaban como cajeras y habían sido cesanteadas por el entonces intendente Frossasco al descubrirse presuntas irregularidades. Así, se determinó la nulidad de los decretos que habían ordenado el cesanteo, la reincorporación a sus cargos en 60 días hábiles y el abono de la deuda que se determine, más las costas a cargo de la comuna. Esa deuda, según confió Cavagnero y su equipo en la conferencia de prensa celebrada durante la mañana, es “varias veces millonaria”, aunque no se estimó el monto. Se trata de los sueldos, aportes y demás de todos estos años.
El jefe del Ejecutivo subrayó que cuando asumió, en diciembre de 2007, ya nada quedaba por hacer porque se habían agotado los tiempos procesales para aportar pruebas e incluso dijo desconocer los motivos por los que se cesanteó a las trabajadoras, argumentando que no tuvo, el Gobierno, acceso al expediente.
Luego, explicó que se está analizando qué medidas adoptar ante este fallo. “Nos preocupa muchísimo porque uno está buscando la autofinanciación por todos los medios, para que el próximo intendente no tenga que andar a las corridas, y ocurre esto. Hay muchísimo dinero en juego y veríamos muy comprometido el pago de sueldos y demás”, manifestó.
Cavagnero recordó que “estuvimos resolviendo desde que asumimos otros juicios, pero de montos muy chicos y nos acomodamos para abonarlos. Son de hasta 50 mil pesos”, y ante una pregunta explicó que se originaron no sólo durante la gestión de Frossasco sino también en anteriores. Luego, consultado por EL DIARIO, apuntó que durante su mandato no se produjo, hasta el momento, controversia judicial alguna.

La versión de Frossasco

Por su lado, Marcelo Frossasco salió a explicar que no incurrió en una decisión irresponsable ni arbitraria al separar de sus cargos a las tres cajeras en 2001.
En diálogo con EL DIARIO, indicó que “en una jornada normal, recibí información del Tribunal de Cuentas de que habían detectado supuestas irregularidades, y me adjuntaron las tarjetas” de las empleadas, quienes aparentemente habían cobrado horas extras no realizadas, algo que ahora descartó la Justicia.
“Son tres mujeres de las cuales no tengo nada que decir, eran excelentes trabajadoras y teníamos una excelente relación. Utilicé, ante la información de los tres tribunos, el único instrumento del municipio: un sumario administrativo”, recordó el ex mandatario.
Frossasco indicó que el asesor letrado de entonces, Carlos Durán, concluyó que se había producido una falta grave, por lo cual el hoy legislador decidió cesantearlas. “No fue un acto irresponsable y actué ante la detección de otro órgano, como es el Tribunal de Cuentas. Actué de acuerdo a la Carta Orgánica”, resaltó y dijo que su medida fue avalada por todos los ediles de ese momento, entre los que se encontraba Cavagnero.
A pesar de que recalcó que el sumario “estaba muy bien sustanciado” dijo que es muy respetuoso de la Justicia y que “indudablemente el magistrado actuó de buena fe”.
Enfático, apuntó que el Ejecutivo “tiene la obligación de apelar” la medida para que se ratifique o rectifique y advirtió que además del Tribunal Superior de Justicia se puede acudir a la Corte Suprema.