Dos notas de similar tenor tiene la doctora Cecilia Fernández, jueza de Menores y delegada de la Superintendencia, en la que se denuncia a una funcionaria judicial por malos tratos hacia el personal, entre otras acusaciones que tienen que ver con su desempeño.
Una de las misivas fue firmada por el juez de Conciliación de Villa María, Marcelo Salomón, quien solicita se deje sin efecto el traslado que llevó a ese Juzgado a la abogada Paola Tenedini como secretaria.
En el punto “e” de la nota, asegura que “en este breve desempeño laboral, ha tenido serias, graves e inadmisibles desavenencias, malos tratos e irreverentes expresiones hacia el personal que integró y que integra el tribunal, lo que determina un inexorable quiebre en la vinculación autoridad jerárquica-empleados, de tan necesaria existencia para el normal desarrollo de las tareas judiciales”.
El resto de la nota del juez, argumenta también otras acusaciones, como demora en efectuar las tareas cotidianas produciendo acumulación de los expedientes. Agrega que también se quejan los abogados y auxiliares de Justicia por “el mal trato y desconsideración diaria” de Tenedini.
En consecuencia, solicita a la Superintendencia que la funcionaria retome las tareas anteriores, para seguir adelante con el funcionamiento del Juzgado.
La nota está fechada el 20 de abril y, según informaron desde el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales (AGEPJ), aún no fue elevada al Superior Tribunal de Justicia.
Por esa razón y ante el reclamo de los trabajadores del Juzgado de Conciliación, el sindicato, con la firma de tres integrantes de la comisión Directiva, envió otra nota en la que solicita de manera urgente “que se arbitren los medios necesarios para la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan ante el excelentísimo Tribunal Superior de Justicia”.
Mayor es la preocupación de los trabajadores cuando se anoticiaron que la funcionaria “estaría próxima a rendir un concurso para el cargo de Asesora”, lo que “agravaría más la situación”.
Destacaron que la mayoría de los empleados de Conciliación están pidiendo traslado “por los improperios verbales que a diario infería” la funcionaria cuestionada.
Finalmente, cuestionan a la doctora Fernández porque aún no ha “tomado medida alguna para poner freno al desorden que conlleva en esta sede, la pública situación del Juzgado de Conciliación”.
Aseguran que formalizarán la denuncia “por violencia laboral” ante el Tribunal competente y ante el Tribunal de Etica solicitarán la aplicación de las sanciones que el Código establece.