La ex intendenta de Pasco y actual presidenta de la Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, Alicia Giubergia, negó ayer haber falsificado firma alguna con relación a la confección de tres carnés de conducir que fueron entregados durante su gestión de Gobierno, que concluyó en diciembre de 2007.
Asistida por el abogado Marcelo Martín Silvano, la funcionaria declaró por espacio de unos 45 minutos en la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno, a cargo de Félix Martínez, Secretaría de Silvia Maldonado, y se retiró minutos antes del mediodía.
En tanto, alrededor de las 9.30 había hecho lo propio quien fuera secretario de Gobierno durante la administración de Giubergia, Rafael Cuchietti, en su caso patrocinado por el letrado Víctor Daghero.
La ex jefa comunal dijo que “nunca adulteró un documento” y afirmó que “no tenía manejo de los carnés ni de las planillas de los médicos” que determinaban el apto psicofísico de los ciudadanos que tramitaban las licencias.
Por su parte, Cuchietti negó terminantemente los hechos y luego se abstuvo de seguir declarando.

La acusación

Cabe recordar que tanto Giubergia como quien fuera su mano derecha en la Municipalidad de Pasco (1995-2007) fueron imputados por el fiscal Félix Martínez por la supuesta comisión del delito de “falsificación de documentos”, a tenor de lo que establece el artículo 292 del Código Penal de la Nación (ver “Qué dice la ley”).
La denuncia fue radicada hace dos años por el médico Daniel Brusotti, quien actuaba en el Dispensario Municipal, pero recién durante los primeros días de abril se dio a conocer la imputación.
Según el propio facultativo, su firma y sello profesional aparecieron en tres certificados médicos confeccionados para la obtención de licencias de conducir, aunque él no los había asentado de propia mano.
En principio, la investigación del fiscal Martínez permitió establecer que Giubergia y Cuchietti serían los responsables de estampar la rúbrica del médico de manera apócrifa, y es por ellos que se resolvió la indagatoria de ambos.

La indagatoria

Procedente de la capital provincial, donde actualmente está radicada, la ex jefa comunal de Pasco arribó a los Tribunales de Villa María minutos antes de las 11 y casi de inmediato fue indagada en la Fiscalía ubicada en el primer piso del edificio de General Paz 331.
Consultado sobre la medida procesal, Martín Silvano dijo a EL DIARIO que su defendida negó el hecho y aseguró que jamás falsificó firma alguna, ya que no tenía manejo de los carnés ni de las planillas de los médicos.
“La señora Giubergia precisó que había tres personas encargadas del tema tránsito (aunque no dio nombres) y luego de explicar detalladamente algunos aspectos relacionados con su labor al frente de la Administración comunal, se puso a entera disposición del fiscal para cuanta pegunta quisieran hacerle”, señaló el abogado.
La presidenta del Directorio de la Fundación Banco de Córdoba también dijo no tener inconvenientes para someterse a cuanta pericia sea necesaria realizar.
Es un hecho que el próximo paso que seguirá el fiscal Martínez será la realización de una pericia caligráfica para determinar si los trazos de las firmas que aparecen en los certificados médicos apócrifos se corresponden con los cuerpos de escritura de Giubergia o de Cuchietti.
Una vez que se lleve a cabo esa medida, en la que ambos imputados podrán designar peritos de parte, dichas pericias serán remitidos a Córdoba, donde peritos calígrafos del Poder Judicial deberán analizar los escritos y emitir una resolución.

Cuchietti negó y se abstuvo

A media mañana, un par de horas antes que Giubergia arribara al Palacio de Justicia, compareció su ex secretario de Gobierno junto al letrado villamariense Víctor Daghero.
Según pudo saberse, Cuchietti negó en forma terminante los hechos que se le imputan y luego, siguiendo indicaciones de su defensor, se abstuvo de seguir declarando.
En rigor de verdad, el ex funcionario hizo uso del derecho constitucional que le permite a todo ciudadano guardar silencio cuando se le atribuye un hecho delictivo, sin que eso sea interpretado como una presunción de culpabilidad.
No obstante, respondió preguntas relacionadas con sus datos personales antes de retirarse de la sede tribunalicia.

Qué dice la ley

Título 12: delitos contra la fe pública.
Capítulo 3º: falsificación de documentos en general.
Artículo 292: “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.
Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años.
Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.”