Mónica Gabriela Funes obtuvo ayer la excarcelación por parte del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del juez Subrogante Mario Eugenio Garzón, en el marco de la mega investigación conjunta que lleva adelante esta sede judicial, AFIP Córdoba y la Policía Federal.
La mujer había sido detenida el viernes en la ciudad donde reside y estaría relacionada a la causa que ya cuenta con media docena de detenidos, caratulada "Seri, Miguel Angel... (y otros)". Durante la víspera el fiscal remitió la solicitud al secretario Eduardo Caeiro y por su intermedio al titular del Juzgado, quien adhirió a los fundamentos, entendiendo que no existiría posibilidad de fuga de la imputada ni entorpecimiento de la investigación. De todas maneras, tomaron como recaudo imponer una caución de 50 millones de pesos, atendiendo el caudal dinerario que cuenta la imputada.
Además, Funes deberá constituir domicilio y denunciar cualquier cambio que haga del mismo; presentarse cada 15 días en la Delegación de la Policía Federal Argentina de la ciudad de Bell Ville y absternerse de salir del país.

Consideraciones

Para abordar a la resolución, el Juzgado evaluó que "no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento, como reza el pedido de la defensa técnica de Funes.
La solicitud de excarcelación aduce que "a pesar que la imputada tenía conocimiento que pesaba una orden de captura en su contra permaneció en su domicilio y en los lugares que constituyen su centro de vida".
Desde Fiscalía Federal atendieron el pedido de la defensa no sin señalar que la investigación "es muy compleja", y de hecho se trata de la más importante llevada a cabo por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en la provincia de Córdoba, que por cierto ejecuta la Delegación capitalina de esa repartición oficial.
Además, el fiscal actuante manifestó que "en el caso particular de Funes, a diferencia de lo que ocurre con otros imputados, considero que a pesar de que la investigación es muy compleja, que se llevaron a cabo varios allanamientos, que se están realizando nuevas medidas y que todavía subsiste el secreto de sumario, no hay razones objetivas que permitan considerar que la libertad de la nombrada pudiera llegar a poner en riesgo el éxito de la pesquisa...". Y recomendó "frente a la alta penalidad establecida para el delito que se le atribuye,... establecer el cumplimiento previo de una caución personal o real acorde a las posibilidades económicas de Funes y que asegure su sometimiento a la acción de la Justicia".
En ese aspecto, las autoridades del Juzgado evaluaron que Funes está imputada por el supuesto delito de asociación ilícita, prevista en el artículo 15, inciso "c" de la Ley 24.769.
En cuanto al riesgo procesal, en el caso particular, no existe en las consideraciones del tribunal y sobre el peligro de fuga, el Juzgado tuvo en cuenta que Funes posee un núcleo familiar conviviente, arraigo en la ciudad de Marcos Juárez, algunos bienes muebles registrados a su nombre y la actitud al momento de efectuarse su detención.
No obstante, seguirá imputada en el procedimiento judicial, aclararon fuentes cercanas a la investigación.

Bancarizada

De la investigación impositiva se desprende que Funes posee acreditaciones bancarias a su nombre por montos millonarios. De hecho, en el año 2008 la imputada contaba con cerca de 15 millones de pesos en su haber, capital que en 2009 ascendió a la cifra de 74 millones y se estima que a la fecha alcanzaría la centena y que registra retenciones impositivas abultadas, frutos de su actividad declarada ante la AFIP-DGI.
Al respecto, vale mencionar que Funes tiene constancia que dan cuenta, está inscripta en el ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) como acopiadora de cereales y llevaría a cabo esta actividad en la ciudad de Venado Tuerto (provincia de Santa Fe).

En la balanza

Frente a esta situación, la Justicia tuvo en consideración y puso en la balanza la importante e hipotética pena que recaería sobre Funes, frente a la disponibilidad de los montos de dinero involucrados que le permitiría a la imputada pasar a la clandestinidad mediante el diseño de maniobras elusivas que a la postre tornarían ilusorio el avance de la causa.
El monto de 50 millones de pesos de caución surgiría entonces de las acreditaciones bancarias que habría tenido Funes en los últimos dos años y que ascendería a los 100 millones de pesos.