Los abogados defensores de los tres detenidos en el marco de la megainvestigación que llevan adelante conjuntamente el Juzgado Federal de Villa María, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Policía Federal, manifestaron a EL DIARIO sus "preocupaciones" sobre la causa y confirmaron que realizaron denuncias ante el Tribunal Federal II "porque se violentó el secreto de sumario y el secreto fiscal".
En ese sentido, los letrados que atienden la defensa técnica de Miguel Angel Seri, Manuel de Allende y Facundo Cortez Olmedo y Facundo Sapiola (junto a Ezequiel Mallia), que defienden a Diego Gasparini y Pablo Miriani, indicaron que "se aplica el secreto de sumario por tercera vez, cuando el Código Procesal lo permite sólo en dos oportunidades".
"El Tribunal ahora deberá ver quiénes están violentando el secreto de sumario y de qué manera se está develando el secreto fiscal, que además pone en riesgo la integridad física no sólo de los detenidos, sino también de los familiares", agregaron.
De todas maneras, aclararon que esta denuncia "no significa la caída de la causa".

Acusan a la AFIP

Pero los hombres de Derecho se quejaron además porque "AFIP está haciendo una manipulación irresponsable de los montos que se manejan en la comercialización de granos, cuando ellos conocen la modalidad y que se trata de porcentajes ínfimos al lado de las cifras que están publicitando".
También expresaron que desde ese organismo fiscal, "han inducido al error del Tribunal" en distintas etapas del proceso.
Acusaron a la AFIP de llevar adelante "una persecución del agro, más en la provincia de Córdoba, casualmente", ironizaron. Al mismo tiempo puntualizaron que están "de acuerdo a que se investigue".
Sin embargo, añadieron que "tal vez se deba a presiones políticas que se lleven adelante estos operativos y se adopten algunas decisiones".
Y remarcaron que "AFIP ha violentado el secreto de sumario sin ser parte del proceso penal", por lo que señalaron que "son los denunciantes".
Para los defensores, la Justicia "se basa en una hipótesis de AFIP que habla de sumas millonarias" y avanza en "neutralizar instituciones procesales". En cuanto a esto, sostuvieron que "el Tribunal es inducido al error: los montos no son el perjuicio, es ínfimo porque es lo que debería haber tributado" en las operaciones de comercialización.
"El negocio del agro es por comisiones, son comisionistas. Por lo tanto, los movimientos bancarios o acreditaciones bancarias o giros, no son las utilidades que tienen quienes comercializan", explicaron.

Sus defendidos

Respecto a sus clientes, los letrados indicaron que "fueron llevados a una indagatoria, pero no pudimos acceder a la prueba porque extendieron el secreto de sumario".
"Cuando Seri fue detenido (el 27 de abril) no estaba imputado, eso sucedió una semana después, imputación que para nosotros es ambigua y confusa, porque no dice qué hizo y qué no", dijo De Allende.
Su colega Cortez Olmedo agregó que "la indagatoria es un acto primordial de defensa (la que se llevó a cabo el 7 de mayo) y a casi un mes de estar detenido no se conocen los hechos que se le imputan, lo que es una violación del debido proceso, nos parece autoritario, por lo que pedimos ser prudentes y se actúe con razonabilidad". Acotaron que "se debe garantizar el derecho de inocencia y defensa".

Fianza millonaria

"Ni en causas más grandes por perjuicio fiscal, supuestamente, se aplicaron cauciones millonarias" como en el caso de Mónica Gabriela Funes, que ayer dimos a conocer, por 50 millones de pesos. "Es la mayor en la historia judicial argentina", dijeron al unísono los letrados, además profesores de Derecho.
Sapiola acotó que un cliente suyo, por una causa iniciada desde la AFIP "estuvo tres meses detenido y ayer (por el miércoles) fue sobreseído".
Para De Allende, "preocupa que a otro de los imputados se le haya impuesto una desmesurada cifra de caución que no guarda relación con la realidad económica de la actividad de comisionista en el rubro agro, que la AFIP conoce y ardidosamente exagera y desnaturaliza".