La juez de Menores, Cecilia Fernández, calificó de “positivo” que la Auditoría local sea sede de la Defensoría de Niños y Adolescentes y explicó que recién el lunes, tras la firma del convenio entre el responsable del área a nivel provincial y el ombudsman villamariense, conocerá cómo articulará el trabajo con el defensor del pueblo.
Villa María es la segunda ciudad (Río Cuarto es la otra) en la provincia que tendrá su sede para protección de los menores, en el marco de lo que estipula la Ley Nacional 9.396. El propósito es garantizar, promover, difundir, hacer seguimiento y monitoreo en el objetivo de que se respeten los derechos humanos de la infancia.
El auditor Ricardo Borsato receptará denuncias o quejas que se planteen y las girará al defensor provincial, que puede interponer acciones para la protección de los derechos de niños y adolescentes.
“Todo lo que sea en función de mantener los intereses de los niños me parece bárbaro. Lo que deriva en mayor representación y recursos para que los chicos sean asistidos y acompañados es positivo”, señaló Fernández en diálogo con EL DIARIO.
La magistrada evaluó que esta medida colabora en lo que estipula la Ley 26.061 (Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), cuya implementación la provincia prorrogó por un año.
“La provincia tiene que ajustar una serie de cuestiones, en función de los principios de esta ley, como la desinstitucionalización y desjudicialización de los niños. Hay que contar con recursos para evitar la judicialización, desde todos los puntos de vista: apoyo a la familia desde lo educativo y lo económico”, señaló.
“No hay que judicializar la pobreza. Muchas veces los niños quedan internados no sólo por cuestiones económicas sino por falta de educación de los padres. El trabajo va a ser arduo”, advirtió.