El Banco de Córdoba actuó de manera diferente en los dos procesos que lleva adelante contra empleados con fueros a los que acusa de irregularidades.
En un caso, donde se investiga a tres trabajadores por haberse quedado con el dinero de cajas de ahorro de algunos clientes, el Córdoba dispuso despedir a uno de ellos (Maximiliano Porporatto) y a los otros dos (Diana Pineda y Gustavo Day) que tienen fueros gremiales, los apartaron en virtud de un decreto que reglamenta la Ley de Asociaciones Sindicales.
Ese decreto establece que la patronal los aparta y luego le inicia un juicio de desafuero.
Cabe señalar que un juez y una Cámara, en segunda instancia, fallaron a favor de los trabajadores indicando que ese decreto es inconstitucional. Los jueces dijeron que, tal como dice la Ley -y no la reglamentación- para apartar de sus funciones a un empleado con fueros hay que solicitarlo vía judicial para que sea un magistrado -y no la empresa- quien disponga el apartamiento.
“Nosotros apelamos el fallo de la Cámara y lo tiene para su Resolución el Tribunal Superior de Justicia que, si falla en contra, no significa que tengamos que reincorporarlos, sino que, deberemos hacer como dice la ley y pedir al juez el apartamiento”, explicó una fuente de la conducción del Banco de Córdoba.
Esa misma fuente dio a conocer el procedimiento que se utilizó en el segundo caso de resonancia: el que investigan nada más ni nada menos que al hijo del secretario General de la Asociación Bancaria de Villa María.
Martín Juárez, hijo de Luis, trabajaba como cajero en la sucursal centro. Fue acusado de quedarse con dinero de los contribuyentes por un valor de 30 mil pesos.
Juárez (h) fue apartado por disposición de un juez, dado que en este caso, el Córdoba pidió el alejamiento de la función y, según la fuente de la entidad crediticia “en 48 horas el magistrado nos dio la razón”. O sea, siguió la Ley de Asociaciones Sindicales y no el decreto declarado inconstitucional, como el primer caso.

@ Inocentes

Cabe señalar que hasta el momento no se comprobó la culpabilidad de ninguno de los trabajadores y por lo tanto, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
En el caso de Porporatto, Day y Pineda, el fiscal Gustavo Atienza sigue receptando pruebas para determinar si eleva la causa a juicio o la archiva.
En el segundo caso, sólo hubo una investigación interna que corroboró -según el Banco- con el aporte de policías especializados, que el sello que mostraron los contribuyentes de Rentas como comprobante del pago que no ingresó a la entidad, no era falsificado y que pertenecía al hijo del dirigente.