El defensor del Pueblo de la provincia, Mario Decara, solicitó por carta al Gobierno de la provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a la empresa de recolección de residuos de la capital provincial “impedir la radicación de una planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos en el sector sudeste de la ciudad de Córdoba, a fin de evitar cualquier acción que pudiera significar un nuevo elemento contaminante, especialmente para los habitantes de barrio Ituzaingó Anexo.
Esa planta fue proyectada por la misma empresa estadounidense que presentó la iniciativa en Río Cuarto y Villa María: Innviron.
En ese sentido, hay que destacar que Decara, si bien tiene injerencia en el ámbito provincial, sólo objetó el proyecto para la capital.
En Río Cuarto, los concejales se opusieron y el defensor del Pueblo, José Mugnaini, también cuestionó el proyecto. “Si hay que mejorar el tratamiento de basura deberíamos comenzar con la selección domiciliaria, porque el volumen que se produce en esta ciudad no justifica el proceso que propone la empresa”, dijo en relación a Innviron.
En Villa María, en cambio, los 12 concejales de todos los bloques dieron su aval a la firma norteamericana a las 24 horas de ser presentado el proyecto.
Por su parte, el defensor del Pueblo de esta ciudad, Ricardo Borsato, no emitió ningún dictamen, ni a favor, ni en contra.
"Cualquier sumatoria de contaminación a los pobladores de la zona provocaría un impacto ambiental catastrófico. Por ello la probable instalación en las proximidades de la planta (de Innviron), de la que poco se conoce su eficiencia de tratamiento, indudablemente genera dudas y reparos que deben ser considerados al momento de tomar una decisión”, expresa Decara en la misiva. El defensor del Pueblo solicitó, de esta manera, evitar cualquier acción que pudiera significar un nuevo elemento contaminante para los habitantes.