“La larga lucha de la mujer argentina por alcanzar los derechos políticos en este país se concretaron el 9 de setiembre de 1947 cuando se aprobó la Ley 13.010 que le otorgó los derechos políticos a la mujer, por inspiración de nuestra inolvidable compañera Evita con un gran protagonismo del diputado nacional Manuel Graña Etcheverry (PJ - Cba.)”, comenzó diciendo Enrique Sella para fundamentar su posición contraria a la eliminación de la Ley de Cupo en la provincia.
En las primeras elecciones donde participaron las mujeres en 1951, lo hizo el 93% del padrón femenino y fueron electas 23 diputadas y seis senadoras nacionales por el peronismo, “único partido que presentó candidatas mujeres. Los demás partidos políticos le dieron la espalda”, afirmó el legislador quien en octubre de este año presentará un libro de su autoría sobre “Los derechos políticos de la mujer”.
Considera que hasta que se aprobó la Ley nacional 24.012 o “Ley de Cupo” con sus decretos reglamentarios 379/93 posteriormente derogado por el Decreto 1.246/00, la ley se cumplió a rajatabla y permitió que la mujer ocupara en las listas los lugares expectables.
“La aprobación de este decreto fue mérito fundamental de una cordobesa, la dirigente de la Unión Cívica Radical y primera diputada nacional mujer de la UCR por Córdoba, María Teresa Merciadri de Morini, quien para hacer respetar el Cupo Femenino llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que el exagerado machismo argentino también alcanzaba hasta el criterio de los jueces electorales que le habían dictaminado en contra”, dijo.
Con respecto a nuestra provincia, la Ley 8.901 denominada “Ley de Igualdad” o “Ley Riutort”, “es una de las más importantes de Latinoamérica y el mundo entero, no sólo porque contempla la igualdad de los géneros, sino que alcanza no sólo al campo político, sino también a otros aspectos de la sociedad donde la mujer ha sido y sigue siendo marginada”.
Finalmente, considera que la ley “es necesaria porque solamente los varones cumplimos con la participación, porque la ley nos obliga; caso contrario otra sería nuestra actitud como dirigentes políticos. De acá a 20 ó 30 años, probablemente estemos preparados para generar espacios de participación igualitaria y espontánea. Ahora no”.