“Necesitamos que las industrias adapten sus instalaciones para evitar que sus efluentes dañen el funcionamiento de la Planta Depuradora.”
El fundamento dado por el concejal justicialista José Escamilla a EL DIARIO fue el motor de un proyecto que el cuerpo legislativo se encuentra elaborando junto a funcionarios e instituciones relacionadas con el tema ambiental.
Ayer, en la Casona de Pereira y Domínguez, se trataron los diversos puntos de una iniciativa que pretende convertirse en un marco regulador del trabajo industrial en materia de volcamiento de líquidos al sistema cloacal.
“El proyecto va a establecer todos los requisitos que deben cumplir las industrias o comercios y las sanciones respectivas en caso de incumplimiento”, comentó el vicepresidente del Concejo, hoy a cargo de la presidencia, al finalizar el encuentro.
Consultado por nuestro matutino, Escamilla precisó que a la hora de armar el proyecto se tuvieron en cuenta todas las disposiciones vigentes a nivel provincial y nacional, como así también el Código de Aguas y el Decreto 415/99 de DIPAS.
Por otro lado, la letra de la futura ordenanza está basada en otras similares que hoy rigen en diversas localidades del país.
Villa María tiene, según un informe de la Cooperativa 15 de Mayo, 641 empresas que quedarían comprendidas en la normativa que están diseñando.
Por otra parte, el edil oficialista se mostró satisfecho por la cantidad de personas que se han involucrado con esta tarea.
“Hace quince años que estoy en política y es la primera vez que trabajamos con tanta gente”, destacó.
En torno a la mesa de la sala de Comisiones de la Casona, se sentaron ayer los concejales Escamilla, Carlos De Falco, Mario García y Sebastián Capurro.
Estuvieron, además, la subsecretaria de Saneamiento, Mariana Guardia, la directora de Ambiente, Leticia Martí, la directora de Habilitaciones Unicas, Valeria Súarez, el responsable de la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda., Mario Valenti, junto a técnicos de la entidad, el juez de Faltas, Miguel Gaitán, y asesores en la temática.
Durante la reunión, los asistentes analizaron los tipos de efluentes que eliminan las empresas, la manera en que deberán tratarlos previamente antes de volcarlos al sistema, la forma en que se realizarán los procedimientos y las inspecciones, y las sanciones que se les aplicarán en caso de incumplimiento.
“Tenemos que ser muy celosos con el sistema cloacal, hay que cuidarlo para que la laguna depuradora pueda cumplir sus funciones, si tiran líquidos contaminantes van a terminar perjudicando la planta”, dijo Escamilla entrevistado por nuestro matutino.
Seguidamente, el legislador local aseveró que apenas entre en funcionamiento la planta (a fin de año) la tarea de control será ardua. “Tendremos que controlar bien de cerca, día a día, el cumplimiento de las normas”, señaló.
Con respecto a las sanciones, afirmó que serán en unidades relacionadas con el valor del precio de la nafta súper. Tendrían un mínimo de mil unidades, que se irán incrementando con las reincidencias hasta llegar a la clausura del negocio en infracción.
La semana próxima, según informó Escamilla, se llevará a cabo una nueva reunión para seguir avanzando en la redacción de la propuesta que tiene aportes, también, de especialistas en la materia.