El gobierno militar no sólo dejó tras de sí una historia trágica de atropello a los derechos humanos, sino que implementó un sistema económico basado en la especulación que tuvo como andamiaje leyes que aún rigen, tal el caso de la que regula a las entidades financieras.
Actualmente, hay un proyecto para modificar esa ley. La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos Heller y Martín Sabatella, del bloque filo kirchnerista Nuevo Encuentro.
En ese contexto, el economista Eduardo González Olguín, estuvo ayer a Villa María para explicar el contenido del proyecto. Antes de comenzar la charla en la medioteca, dialogó con la prensa.
A la hora de explicar las diferencias entre la legislación actual y la que promociona, dijo que “fundamentalmente, se busca poner fin a la mentada “Patria Financiera” implementada durante la dictadura, donde se priorizaba la especulación a la producción”.
Como medidas concretas para concretar ese objetivo, se fija un porcentaje de los préstamos de los bancos dedicado a las Pymes. Será, según el proyecto, del 38%, de los cuales, un 2% será para micro empresas, explicó.
Habló “que la banca será un servicio público y que se democratizarán los préstamos”.
Otro punto del proyecto es el de la extensión geográfica. “Esta iniciativa impulsará medidas para que los bancos se distribuyan en todo el territorio nacional y no como es ahora, que el 90% están concentrados en Buenos Aires, Córdoba y Rosario”, dijo.
También promueve una clara distinción entre banca nacional y extranjera. “Se considera en el proyecto banca extranjera a la integrada por el 30% o más de capitales que no sean nacionales o que en la asamblea de accionistas la mayoría sean representantes del extranjero”, indicó.
Además, sobre las sucursales de las multinacionales, se establecerá, según informó González Olguín, que deberán responder “con el capital de sus casas matrices y no solamente con el capital de las sucursales argentinas, como ocurrió en el año 2001”.
Al ser consultado sobre si una ley de estas características hubiera evitado la debacle de ese año, dijo que “al menos, hubiera reducido el impacto en los ahorristas”.
También ampliará la ingerencia del Banco Central para controlar a todas las empresas cuyo movimiento principal sea financiero “lo que alcanza a las que ofrecen créditos usuarios”, concluyó el especialista.