Escribe: Federación de LGBT
Delegación Córdoba*

No es cierto que la jerarquía católica y evangélica que se oponen a la Ley de Matrimonio Igualitario deseen brindarnos un esquema de protección alternativo. No es cierto que nos consideren ciudadanos ni seres humanos ni personas dignas. No es cierto que su posición retrógrada defienda la cultura y Constitución nacionales. En el Bicentenario su mensaje es evidente y absolutamente contradictorio con la lucha igualitaria de nuestros libertadores y claramente violatoria de la ley fundamental.
Quienes hoy se oponen a la ley de matrimonio igualitario son los mismos que se han opuesto a la Unión Civil años atrás. Sin ir más lejos, monseñor Martín, obispo de Río Cuarto, en 2009 presionó desde los altares a los representantes del pueblo riocuartense para que voten en contra de la ordenanza de Unión Civil local. El Concejo Deliberante la aprobó por unanimidad y luego de una reunión privada con monseñor Martín y otros dirigentes religiosos el intendente Jure vetó la norma. Sin embargo, el pueblo riocuartense se movilizó a favor de la ordenanza y los concejales insistieron con la norma.
En la provincia de Río Negro y en la ciudad de Villa Carlos Paz sectores de la Iglesia Católica y Evangélica también presionaron desde los medios, con cartas y reuniones. No pudieron lograr que la Legislatura de la provincia patagónica y los concejales constituyentes de la villa serrana aprobaran incorporar la Unión Civil a sus sistemas jurídicos locales. Sin embargo, sí lograron intimidar al gobernador Saiz y al intendente Felpeto, quienes nunca reglamentaron dichas normas impidiendo así que pudieran aplicarse.
Estos tres casos tienen algunas características en común: primero, que quienes presionaron en contra fueron los jerarcas de las iglesias, mientras que las movilizaciones sociales, cuando las hubo, fueron mayoritariamente a favor; en segundo lugar, que el Poder Legislativo dio mayoría aun ante la oposición de sus ejecutivos o sus silencios miedosos por la posible sanción electoral de los sectores eclesiásticos que pudieran sufrir; y, por último, los tres gobiernos eran -y siguen siendo- radicales.
Quienes hoy proponen como alternativa a la ley de matrimonio igualitario son los mismos que ayer se oponían a los proyectos locales de Unión Civil. No es esta última una propuesta en positivo para proteger y garantizar los derechos de la diversidad, sino, por el contrario, un plan B para frenar el proceso igualitario que la sociedad le ha impuesto a las clases políticas y dirigentes. La Unión Civil es manifiestamente discriminatoria y atenta contra el Estado de Derecho porque busca privar a las personas de derechos que hoy la ley les otorga, en razón de su orientación sexual: adopción y fertilización asistida.
En la provincia de Córdoba, ocho mil personas marcharon el 24 de junio por la “igualdad jurídica y social”, frente a tan sólo 3.000 que lo hicieron contra “el capricho de los pervertidos”, como rezaban algunos carteles (datos de la Policía). La pluralidad de apoyos políticos que recibió el proyecto de ley y los resultados de las últimas encuestas son contundentes (según una encuesta de Analogías publicada en el diario Página/12, el 69% de los argentinos aprueban el proyecto). Frente al discurso belicista de las jerarquías eclesiásticas, la sociedad a optado por apostar a la igualdad, la democracia y los derechos humanos, con el apoyo de varios grupos religiosos católicos, judíos y evangélicos, a lo largo y ancho del país.
La derecha ha tenido que develar el lobo que se escondía bajo las sotanas. Nos llamaron enfermos y desviados. Nos diagnosticaron promiscuidad, inestabilidad psíquica, tendencia a la drogadependencia y el suicidio. La derecha tuvo que decir que “distinguir no es discriminar” y proponer una Unión Civil a la que siempre se había opuesto como manotazo de ahogado de un proyecto fundamentalista en decadencia. Una institución diferente para un grupo social específico se llama apartheid. Y las consecuencias del apartheid sólo pueden ser deseadas por un mal corazón o una gran ignorancia.
Si el senador Mestre decide finalmente acompañar la trayectoria cómplice con la discriminación de sus correligionarios cordobeses (con Aguad y Jure a la cabeza), y si el senador Mestre finalmente termina por legitimar la campaña del miedo y odio de los sectores reaccionarios de las iglesias Católica y Evangelista, el señor senador tendrá que explicarle al pueblo de Córdoba por qué lo hace. Tendrá que llamarnos enfermos, desviados y promiscuos en la cara. Tendrá que explicar qué hay de diferente en nosotros para merecer un trato y una ley diferente. El pueblo de Córdoba le demandará a él y todos los senadores de la Nación dicha explicación. Y en 2011 recordaremos las respuestas y los silencios.
Nuestras familias e hijos merecen que se reconozca su dignidad. Merecemos la protección del Estado. Merecemos los mismos derechos y con los mismos nombres. Para que ya no haya más lesbianas fusiladas como Natalia Gaitán, cuya familia espera justicia. Para que ya no haya ciudadanos de primera y de segunda. Sin pleno reconocimiento, sin los mismos derechos y sin los mismos nombres sólo resta la discriminación y la segregación.
* Adhiere a este artículo la comunidad local de
Lesbianas, Gay, Bisexuales y Travestis