El arquitecto Jorge Eduardo Suárez y el sindicalista Luis Audelino Juárez formularon un pedido de “probation” o suspensión del juicio a prueba, por lo que se suspendió el proceso oral y público por la “causa Solares de la Villa” que estaba previsto para la próxima semana en la Cámara del Crimen de Bell Ville.
Con el patrocinio del abogado cordobés Gabriel Gramática y del villamariense Luis Caronni, Suárez y Juárez -respectivamente- solicitaron la aplicación de dicho instituto legal en los Tribunales de la vecina ciudad, lo que obligó a los camaristas José María Rocca, Gustavo Sergio Garzón y Miguel Angel Prino a la inmediata suspensión del juicio, que iba a comenzar el lunes venidero.
La “probation”, descripta en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación (ver “Qué dice la ley”), establece que los acusados por un delito, cuya sanción no exceda los tres años de pena privativa de la libertad, podrán hacer uso de este instituto, que entre sus pautas prevé la suspensión del juicio, la reparación del daño causado, la realización de trabajos comunitarios y el cumplimiento de otras normas de conducta por un plazo que estimará el tribunal.
Si el acusado reúne estos requisitos, se suspende el juicio y se le otorga el beneficio, sin que esta presentación implique reconocimiento de culpabilidad de la acusación que hay en su contra.
En la causa que se sigue en la Cámara bellvillense, Suárez y Juárez están acusados como presuntos coautores de “administración fraudulenta”, delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
Esta circunstancia, que en principio impediría la concesión del beneficio solicitado, ha sido ya analizada en otras causas por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, que dispuso que, si es posible la condena de ejecución condicional, también debe concederse la “probation”, lo que permitiría que los jueces de Bell Ville le den tratamiento a la solicitud que efectuaron los acusados.
Extraoficialmente, pudo saberse que el coimputado Jorge Suárez, quien es titular de la empresa constructora que lleva su nombre y que fue declarada en quiebra, hizo su presentación el pasado 1 de julio, y al reiniciarse la actividad judicial, tras la Feria Judicial de invierno (a mediados de este mes) hizo lo propio el gremialista Luis Juárez.
Cabe recordar que la investigación de esta causa estuvo a cargo del ex fiscal de Instrucción Francisco Márquez (actualmente fiscal de la Cámara del Crimen de Villa María) y de la ex secretaria Patricia Ozcáriz, en la que se determinó -mediante una pericia contable- que la “administración fraudulenta” y el perjuicio causado a los vecinos alcanzaba la suma de varios millones de pesos.

Qué ofrecieron

Lo curioso de las presentaciones efectuadas es que Suárez ofreció 25.000 pesos y Juárez 15.000, sumas que deberían repartirse entre los 51 damnificados directos que tiene la causa.
Consultado el abogado Eduardo Luis Rodríguez, quien patrocina a Javier Caula como querellante particular en dicha causa, manifestó a EL DIARIO que “la presentación efectuada por los imputados, si bien desde el punto de vista jurídico reúne los elementos para que la Cámara le dé trámite, el ofrecimiento indemnizatorio que los imputados realizaron es una burla para la gente”.

Se opondrán

“En estos días -añadió el letrado- seguramente la Cámara notificará a los damnificados del ofrecimiento realizado. Cuando eso llegue, nosotros nos vamos a oponer a la suspensión del juicio y pediremos que se lleve a cabo la audiencia oral, en la que se demostrará que los damnificados son muchos más de 51 y que el delito que se cometió podría ser mucho más grave que aquel por el cual están acusados hoy los imputados”.
Rodríguez sostuvo también que “de acuerdo a las pruebas que hemos obtenido en estos 10 años, hay más de un centenar de damnificados que no han sido tenidos en cuenta en la acusación y otros posibles implicados en el delito. Todo eso lo íbamos a incorporar en el juicio que se suspendió”.
De acuerdo al trámite procesal, la Cámara deberá notificar a cada uno de los damnificados para determinar si están de acuerdo con la propuesta indemnizatoria que formularon los imputados, y luego de que todos contesten, el tribunal tendrá que resolver si le concede o no la suspensión del juicio a prueba.
Sobre el particular, el abogado Rodríguez manifestó que “sería una injusticia no poder llevar a juicio oral esta causa, que demandó 10 años de trámite. Si hasta ahora los imputados han sostenido que son inocentes, tenían la oportunidad de probarlo en la audiencia y están haciendo todo lo posible para que la misma no se haga”.
Finalmente, el profesional adelantó que “como hombre de Derecho tendré que acatar lo que el tribunal resuelva y ejerceré todos los recursos que la ley nos brinda para lograr que el juicio se lleve a cabo”, aunque advirtió que “a los vecinos no les interesa la indemnización, ellos quieren que una sentencia diga si fueron estafados o no”.
En los próximos días “lloverán” las notificaciones a los vecinos para que manifiesten si están de acuerdo con la proposición de los acusados.