Cuando supimos del intento de asesinato sufrido por Alejandro Roganti, el 14 de abril pasado, sentimos que todos éramos el “Caño”, que a cada uno de nosotros nos habían baleado.
Hoy, desde la misma y humana solidaridad, sentimos que si antes nos tiraban con balas, ahora nos tiran con el peso del poder, en una pretensión de tapar el sol con las manos, de dejar en la más absoluta impunidad la autoría intelectual del acto criminal.
Cuando leímos en la edición de La Voz del Interior del 14 de agosto, el artículo titulado “La causa iría a juicio con los Eve, pero sin los autores intelectuales”, no nos quedó la menor duda que hay manos negras que pretenden impedir que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
En el artículo mencionado, el periodista Carlos Paillet, menciona una “fuente” de la Justicia provincial, que confió que la investigación del caso no ha avanzado por ahora más allá de los autores materiales, ya identificados, del ataque contra Roganti: los hermanos Maximiliano y Sebastián Eve), lo que permite concluir que la única “fuente” posible que pudo hacer semejante aseveración, desde la cadena de jerarquías, fue el fiscal General de la provincia de Córdoba Darío Vezzaro pues, es él quien imparte las instrucciones a los fiscales, quienes a su vez se reportan con él, entre ellos, el fiscal de Villa María, Daniel Del Vö, quien lleva adelante la investigación de la causa.
No se nos ocurre pensar que ningún otro funcionario pueda haber opinado al respecto, con tanto conocimiento de la causa.
La determinación de la fuente, nos advierte sobre la gravedad de las aseveraciones publicadas en el diario aludido. Si es el fiscal General de la provincia quien realizó esas apreciaciones, entonces, podemos expresar que acá no hay voluntad de investigar y que, además, desde el punto de vista procedimental, se han cometido deliberadamente barbaridades que sólo apuntan a deslindar responsabilidades puntuales de todo aquello que roce al Sindicato Regional de Luz y Fuerza, en particular a su secretario General, Eduardo Brandolín, señalado por la víctima como el autor intelectual del hecho.
La pretensión de elevar a juicio la causa con los hermanos Eve solamente como imputados, sin los autores intelectuales del atentado, simplemente pretende dejar cerrado en esta instancia el capítulo y que acá no se hable más del tema... es como decir ya está, cumplimos.
Es una maniobra judicial inaceptable, que debería incluso ameritar la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a los fines de garantizar justamente eso: justicia.
Si el mismo fiscal General (fuente en este caso) y el propio fiscal Daniel Del Vö reconocen que “si bien se ha probado que los Eve hicieron llamadas, antes y después de balear a Roganti, a un teléfono celular corporativo de la entidad gremial que conduce Eduardo Brandolín”; y agregan que: “En cambio, precisó que no hay pruebas contundentes para vincular como mandante de los dos sicarios a algún miembro del Regional de Luz y Fuerza”, de ninguna manera es aceptable que digan que no se puede identificar al autor de las llamadas porque es un teléfono corporativo: “Si bien hay llamadas de uno de los Eve a un celular corporativo al Regional, antes y después del ataque, no se ha podido individualizar al receptor de esas llamadas”, sostuvo la fuente. Y admitió que la localización del autor intelectual de un atentado de estas características “es siempre más compleja”.
El cuadro se agrava más aún, por la estrechez de recursos técnicos para hurgar sobre el verdadero receptor de la comunicación en el celular corporativo y por la “falta de colaboración de la empresa telefónica”, añadió.
Cualquiera sabe que en cualquier empresa, organizaciones sindicales, institución, organismos del Estado, etcétera, los teléfonos celulares corporativos son distribuidos internamente con nombre y apellido y que la relación corporativa está en el pago de la factura a la empresa que provee el servicio, más no en el uso de los mismos.
Seguramente el teléfono celular del fiscal General y del fiscal Del Vö son de pago corporativos (deben estar pagados por los ciudadanos), pero de ninguna manera se nos ocurriría pensar que son teléfonos de uso indiscriminado o que no se pueda saber que son ellos los usuarios habituales.
Por lo expuesto, podemos decirle a los fiscales que el pago es corporativo, pero el uso es personal, y esto lo sabe hasta un niño.
El 1 de mayo el Fiscal Del Vö realizó un allanamiento en La Casa del Estudiante, donde funciona la sede del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, secuestrando computadoras y teléfonos celulares. ¿Qué se supo del análisis del material secuestrado a más de cuatro meses de producido el mismo? Si secuestró, y es obvio que así lo hicieron, el celular de Miguel Valente, ¿no quedó asentado de quién era o quién usaba ese celular?
Si investigaron el aparato, no hay llamadas, números, agenda, que permita establecer que ese celular y no otro, era usado habitualmente de manera personal por Miguel Valente?
Si se indaga en la causa, ¿no es verdad que se aportó el número (0351) 156-502576 como de Miguel Valente a la Fiscalía por parte de Roganti?
Si hubiere voluntad, ¿no es verdad que se encontrarían decenas de personas que tienen ese número agendado con el nombre de Miguel Valente?
Siendo el director de La Casa del Estudiante, ¿no es verdad que decenas de jóvenes y padres de los mismos ciertamente podrían tener agendado ese número como de uso de Miguel Valente?
Si se pregunta a dirigentes del Consejo Directivo y decenas de delegados, ¿no es verdad que se podría determinar fehacientemente que el número en cuestión es de uso habitual y personal, no compartido de Miguel Valente?...
En fin, innumerables caminos llevarían a probar que ese número era de uso habitual, personal y no compartido de Miguel Valente, pero el fiscal General de la provincia y el fiscal Del Vö, graciosamente nos dicen que no hay manera y que no es prueba suficiente como para imputar.
Con la misma liviandad que nos dicen que no tienen colaboración de la empresa telefónica, siendo que con un requerimiento judicial firme, la empresa está obligada a informar y prestar toda la colaboración con la Justicia, y si se niega o entorpece la investigación caería en situación de ser acusada de cometer delitos graves al no cumplir con lo que por ley obliga.
En una nota publicada en EL DIARIO el 17 de agosto en la sección Opiniones, bajo el título “Del Vö y sus argumentos”, decíamos: “Ahora vemos... que el mencionado fiscal argumenta, como si fueran palabras nacidas de la propia defensa, en referencia a las llamadas telefónicas que existieron entre el teléfono corporativo de Valente (brazo derecho, empleado y socio de Brandolín) y los de los supuestos sicarios, diciendo… ‘yo también recibo decenas de llamadas de números desconocidos a mi celular y a veces llamo para preguntar sobre la identidad de la otra persona, con lo que queda registrado mi número en el otro aparato... Con un elemento de esta naturaleza, no puedo inferir la autoría de un ataque... eso no constituye prueba alguna’”. Y agregábamos: “A esta altura, sería interesante saber qué significa para el fiscal tener ‘prueba alguna’, o qué considera prueba suficiente como para imputar a un sospechoso de cometer un crimen... Desde esta lógica de análisis, es de esperar que el fiscal necesite encontrar en el escritorio de Brandolín recibos firmados de puño y letra, con el DNI al pie, por parte de los Eve, del monto que cobraron para matar a Roganti...
Es entendible que se respeten los procedimientos judiciales, pero ¿qué sucede cuando detrás de ese argumento se enfrenta o se violenta el sentido común? ¿O no es de sentido común pensar que es demasiada casualidad que hayan existido llamadas telefónicas cruzadas entre los Eve y Valente?... ¿O no es de su conocimiento y del de la opinión pública que existía un enfrentamiento notorio entre Roganti y Brandolín, mucho antes de que apareciera la información de los llamados comentados?”.
Tan evidentes y serios eran y son los indicios, que eso motivó al propio Valente, como reconociendo la gravedad y la inminencia de una imputación, a hacer una presentación ante la Fiscalía, solicitando que en caso de ser imputado, no se lo privara de la libertad.
Bien, a esta altura está claro que tanto los argumentos de la “fuente” como del fiscal Del Vö, son insostenibles y se desmoronan ante el más elemental de los análisis. Lo que llama poderosamente la atención es por qué se empeñan en sostenerlos, porque como lo dijéramos en su oportunidad, parecen más argumentos del abogado defensor de Brandolín, que de un fiscal, encargado de recolectar indicios para llegar a la verdad o, por lo menos, para establecer las sospechas e imputar a quienes aparecen como los verdaderos autores intelectuales de tan atroz y criminal atentado.
Estamos en sus manos, señores fiscales.


Fernando Castiglione
Responsable Editor
de Antorcha
www.antorchalyf.org