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Barbero destacó a EL DIARIO que es “una buena oportunidad para prevenir un desmonte” y no suceda como lo que días atrás pasó en Ballesteros, cuando actuó la Secretaría de Ambiente |
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Se trata del campo “La Esperanza“, propiedad de Jorge Raúl Barbero, situado entre las localidades de Etruria y La Laguna, donde existe una cortina forestal de olmos y otras especies de árboles.
El diseño y la implantación de la misma, junto con un parque del establecimiento, fue realizada en el año 1964, por Amadeo Yorlano, persona experta que planificó el parque Independencia de Rosario, Santa Fe, según narró Barbero.
El propietario del establecimiento, indicó y aportó documentación respecto a la amenaza que cae sobre la arboleda: "Norberto Simoni, productor agropecuario vecino al terreno perteneciente a Barbero (expresa en un escrito), aduce y sostiene que dicha cortina le perjudica el rendimiento de su producción de soja y por tal razón inicia un juicio ordinario en el Juzgado de Primera Instancia de Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María".
Estos árboles están implantados en la propiedad de Barbero y se encuentran a un metro del alambrado limítrofe, por lo que significa que no son medianera y no se puede aplicar el artículo 2745 del Código Civil.
Desde 2006
La agencia Córdoba Ambiente - hoy Secretaría- envío el 3 de agosto de 2006, a los inspectores Cozzani y Rodríguez, quienes elaboran un informe.
En el mismo, consta que "en entrevista personal (con Simoni) se notifica de la legislación vigente en esta provincia (en ese entonces) que regula toda materia forestal, haciéndole conocer lo prohibitivo de talar o dañar árboles, de las sanciones que se contemplan en este tipo de infracciones y que la Legislación es proclive a aumentar el porcentaje forestal, y no a disminuirlo".
Añade en el detalle, que "en ese momento se le aclaró (al denunciante) que de persistir en esa actitud podría encontrarse incurso en una figura delictiva".
En 2009
La misma Secretaría, cuyo director actualmente es el villamariense Raúl Costa, envió el 1 de setiembre de 2009, al inspector Gabriel Antuz y a la ingeniera Susana Siwinsky, quienes también realizan actuaciones y terminan el informe con conclusiones y recomendaciones muy racionales y evidentes.
"En un momento donde la humanidad decide la preservación y el cuidado de los recursos naturales para nuestra generación y las futuras, consideramos una aberración a la tala y erradicación de los árboles", sostiene el informe en sus conclusiones.
Atento a los devenires en los que se ve involucrado el defensor y propietario de la arboleda, recurrió a los medios de comunicación, en este caso a EL DIARIO, para poner en conocimiento público el daño que se pretende causar.
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