Luego de ocho jornadas de debate, el juicio por el ataque a balazos contra el fiscal Francisco Javier Márquez ingresó ayer en la recta final y tendrá mañana su audiencia definitoria con los alegatos de las partes y el dictado de la sentencia.
Así las cosas, las deliberaciones concluirán una semana más tarde de lo inicialmente programado, sobre todo por los pedidos de nueva prueba requeridos por el defensor de uno de los acusados, lo que demoró más de la cuenta la resolución del intrincado episodio.
No obstante, lo verdaderamente importante es que, pese a esta dilación en la resolución de la causa, se respetó el derecho de defensa en juicio que garantiza el “debido proceso” (ver “Qué dice la ley”).
En ese marco de garantías procesales, en la víspera se logró el comparendo de una profesional cordobesa que asistió al coimputado Claudio Sergio Paul Márquez, alias “Ñoqui”, mientras permaneció internado en el Instituto Nuevo Sol, un correccional de menores que depende del complejo carcelario de Bouwer.
Se trata de la trabajadora social Mariana Lovecchio, quien llegó a Villa María -procedente de la capital provincial- acompañada por la psicóloga Mariela Tuja, que también cumple funciones en el citado instituto de menores.
En principio se pensó que era Tuja la profesional a la que había hecho referencia el “Ñoqui” Márquez cuando, la semana pasada, negó haber intervenido en el atentado contra la vida del fiscal e hizo referencia a una supuesta intimidación policial.
Según aquellas expresiones del acusado, una psicóloga había sido la única persona a la que le contó que había declarado “presionado por la Policía”, presuntamente para incriminar a Sebastián Alejandro Fernández, el otro sospechoso, y de ese modo lograr el esclarecimiento del ataque a balazos contra el funcionario judicial.
Pero cuando Tuja ingresó a la sala de audiencias y dijo que no conocía a ninguno de los imputados, quedó en claro que la profesional a la que había hecho alusión Márquez era la asistente social Lovecchio, creyendo que se trataba de una psicóloga.
Fue así que rápidamente se evitó el comparendo de la primera y sólo declaró su compañera de trabajo, aunque sin aportar mayores datos.
Tras ser liberada por el propio Claudio Márquez del secreto profesional, Lovecchio dijo que “las asistentes sociales no trabajan sobre el hecho judicial en sí, sino en las causas por las que el menor es internado en el correccional”.
“No podemos interferir en aspectos procesales ni judiciales”, aclaró la profesional cordobesa, quien al ser consultada por el abogado Juan Antonio Rusconi (defensor de Fernández) sobre un comentario que le habría hecho Márquez en referencia a una supuesta presión de la Policía, respondió: “Tal vez me dijo algo anecdótico, pero no recuerdo que haya hecho alguna referencia puntual sobre ese aspecto”.

Lo que viene...

Luego del comparendo de Lovecchio, las partes se abocaron a incorporar testimoniales, documentales e instrumentales “por lectura”, con lo cual se dio por concluida la etapa de recepción de pruebas.
Sobre el final de la audiencia, que no demandó más de media hora, el juez René Gandarillas dispuso un cuarto intermedio hasta mañana viernes, a las 8.30, oportunidad en la que se escucharán los alegatos del acusador público y de los defensores.
En primera instancia expresará sus conclusiones el fiscal de Cámara subrogante, Horacio Vázquez, y luego harán lo propio los abogados Rusconi y Jorge Bustos, en representación de Fernández y Márquez, respectivamente.
Se estima que cada uno de los actores judiciales insumirá entre 45 minutos y una hora para formular su alegato, por lo que la sentencia se estaría conociendo entre el mediodía y las 13.30.

Qué dice la ley

El “debido proceso” es un principio jurídico o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso penal, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.
Hecha esa aclaración, cabe recordar que Sebastián Fernández está imputado como presunto autor de “homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y por la participación de un menor, en grado de tentativa”, mientras que a Claudio Márquez se le atribuye el mismo delito, pero sin el agravante tipificado por la intervención de un menor.

Escala penal

Si Fernández llega a ser declarado culpable, recibirá una condena de entre ocho años y 12 años y ocho meses de prisión, a la que deberá sumarse una sanción unificada de cuatro años y cuatro meses de prisión aplicada el 25 de febrero de 2009.
En aquella ocasión, el joven sospechado de haber sido quien le disparó al fiscal la madrugada del 2 de abril de 2008 frente a su casa de barrio Villa Oeste, en Villa Nueva, fue declarado autor responsable de “hurto calificado por escalamiento, agravado por la participación de un menor”, “resistencia a la autoridad” y “violación de domicilio”, delitos por los cuales se le impuso una pena de dos años y medio de cárcel.
Pero como tenía pendiente parte de una condena a tres años de prisión por otros hechos contra la propiedad, la Justicia agrupó ambas sentencias en la pena única antes descripta.
Por su parte, al “Ñoqui” Márquez no se le podrá imponer sanción alguna porque al momento del hecho de sangre era menor (tenía 17 años). No obstante, si él también es hallado culpable, se declarará su responsabilidad penal en el hecho y quedará a disposición del Juzgado de Menores, que bien puede decidir su internación en un correccional.

Ficha personal

Fernández nació en Villa María el 30 de setiembre de 1986 (tiene 23 años), se domicilia en Sucre 2235, en barrio Felipe Botta; le dicen “Seba”, es albañil y registra antecedentes penales computables, ya que fue juzgado y condenado otras tres veces.
Por su parte, el “Ñoqui” Márquez también nació en esta ciudad, pero el 19 de julio de 1990 (20 años); está radicado en Salta 2770, en barrio Nicolás Avellaneda; posee antecedentes policiales como menor y se gana la vida como jornalero.