El camarista René Gandarillas le impuso ayer una pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo y con declaración de reincidencia, a Sebastián Alejandro Fernández (23), uno de los jóvenes que fueron juzgados por el intento de homicidio del fiscal Francisco Javier Márquez.
Con respecto al otro implicado en el hecho, Claudio Sergio Paul Márquez (20), alias “Ñoqui”, la Justicia villamariense también lo encontró culpable, pero no se le aplicó sanción penal ya que al momento del hecho era menor de 18 años. No obstante, se remitió copia de la sentencia al Juzgado de Menores para que se resuelvan los pasos a seguir.
La dura condena dejará a Fernández un largo tiempo en la cárcel, ya que al ser declarado reincidente no podrá acceder al beneficio de la “libertad condicional”, que permite el egreso una vez cumplidos las dos terceras partes de la sanción.
Para que quede más claro, el autor del disparo que hirió en el cuello al fiscal Márquez deberá completar 10 años y medio “a la sombra” y sólo tendrá la posibilidad de salir seis meses antes del cumplimiento total de la condena merced al instituto legal conocido como “libertad asistida”, que se le otorga a todos los presidiarios reincidentes.
Como Fernández está detenido desde el 3 de abril de 2008, estará en condiciones legales de quedar libre el 3 de octubre de 2018. Para entonces, tendrá 32 años de edad recién cumplidos (nació el 30 de setiembre de 1986).

@ La sentencia

La novena y definitiva audiencia de debate del juicio por el atentado contra la vida del fiscal concluyó sobre el filo de las 14, cuando el secretario de la Cámara, Roberto Jue, dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos:
“El tribunal resolvió...
1º) declarar a Claudio Sergio Paul Márquez coautor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el empleo de arma de fuego (...), no imponiéndole sanción en razón de su edad al momento de la comisión del hecho; se remite copia de la sentencia al Juzgado de Menores de la sede, a sus efectos.
2º) declarar a Sebastián Alejandro Fernández coautor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años de edad (...), e imponerle la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso, con declaración de reincidencia.”

@ Severa sanción

Si se tiene en cuenta que la escala penal prevista por la legislación argentina para el delito que se le atribuía a Sebastián Fernández (“homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad”) va de los ocho años hasta los 12 años y ocho meses, queda claro que la condena aplicada es realmente dura.
Se trata de una sanción que está tres años por encima del mínimo legal y apenas un año y ocho meses por debajo del máximo que establece el Código Penal de la Nación para este tipo de figura delictiva.
Queda claro entonces que el hecho de tratarse de un reincidente, que registra en su prontuario nada menos que tres condenas, operó como agravante de su situación procesal. De ese modo, la sanción estuvo a la altura de las circunstancias.

@ Gritos e insultos

Apenas conocida la sentencia, algunos familiares de Fernández que se hallaban en la sala expresaron su angustia con lágrimas y gritos, a lo que luego se sumaron gruesos epítetos contra los funcionarios judiciales que acababan de decidir la suerte del condenado.
La más exaltada fue la concubina de Fernández, Verónica Antonella Barrios, quien víctima de una crisis de nervios insultó a viva voz al juez Gandarillas, mientras trataba de ser contenida por una hermana de su pareja.
En ese marco, volvió a prevalecer el impecable operativo de seguridad dispuesto en el recinto y sus alrededores por el ayudante mayor Walter Hinny, del Establecimiento Penitenciario Nº 5, y el suboficial Jesús Sánchez, efectivo de la Unidad Departamental adscripto en el quinto piso de Tribunales.
La coordinada acción evitó que se produjeran desmanes en la sala de audiencias, que durante la jornada de ayer se vio colmada por un grupo de estudiantes del Instituto La Santísima Trinidad que venía siguiendo el “caso Márquez” a través de la prensa local.

@ El alegato fiscal

La novena audiencia de debate se había iniciado a las 9.30 con el alegato del fiscal Horacio Vázquez, al que luego de un cuarto intermedio le siguieron las conclusiones de los defensores de Márquez y Fernández, Jorge Bustos y Juan Rusconi, respectivamente.
Tras dos horas de exposición, el acusador público solicitó la pena finalmente impuesta a Fernández, aunque por un error en el informe del Registro Nacional de Reincidencia pidió que se dictara una sanción unificada de 13 años de prisión con parte de una condena aplicada en febrero de 2009, que supuestamente el convicto estaba adeudando.
Pero más allá de ese aspecto administrativo, que quedó debidamente aclarado en la sentencia, el alegato del fiscal Vázquez se basó principalmente en el contundente testimonio que su colega Francisco “Paco” Márquez había prestado en la audiencia inaugural de este juicio.
Vázquez contrapuso la credibilidad del testimonio de la víctima a las inconsistentes expresiones vertidas por los dos acusados, cuando durante el juicio improvisaron discursos exculpatorios que carecieron de fortaleza probatoria, incluso frente a otras declaraciones que los comprometían seriamente.
Así las cosas, destacó que Márquez jamás se interpuso en el camino de la búsqueda de la verdad ni hizo valer su condición de funcionario judicial de alto rango, e incluso que no se constituyó en la causa como querellante particular para que la tarea investigativa se hiciera con absoluta transparencia y sólo basada en los elementos de prueba obrantes en el expediente.
Por momentos conmovido por lo que le había sucedido a su colega, Vázquez echó mano a todas las pruebas de cargo que incriminaban a los imputados y plasmó un alegato que no por extenso dejó de ser medular, preciso y concluyente.
El fiscal de Cámara subrogante también solicitó que el “Ñoqui” Márquez fuera declarado coautor del intento de homicidio (sin condena, por su condición de menor al momento de perpetrado el hecho), principalmente basado en los reconocimientos que, en rueda de personas y en la sala de audiencias, había hecho sin titubeos el fiscal Márquez.

@ Los defensores

A su turno, el abogado villanovense Jorge Bustos no perdió tiempo y en menos de 10 segundos expresó su plena adhesión al planteo formulado por Vázquez respecto de su cliente. La suerte del “Ñoqui” estaba echada de antemano.
Por último, el defensor de Fernández empleó tan sólo 25 minutos para fundamentar su pedido de absolución, y buscó desarticular la credibilidad de algunos testigos que habían implicado a su cliente en el atentado, aunque -quedó claro- sin demasiado éxito.
Es que el testimonio de la concubina del principal sospechoso de haber baleado al fiscal, la mismísima declaración prestada por el “Ñoqui” Márquez durante la instrucción de la causa y los datos que aportó Susana Beatriz Mercaú, “datera” de la Policía, fueron difíciles de contrarrestar, más allá de que fueron seriamente objetados por el defensor.
Juan Rusconi no expresó en sus conclusiones que vaya a recurrir la sentencia en casación, aunque sí lo había hecho en una de las audiencias de debate, cuando pidió la nulidad de una prueba incorporada como tal al proceso.

@ Ultima palabra

Los alegatos concluyeron cinco minutos antes de las 13, y antes de declarar cerrado el debate para pasar a deliberar a los efectos de dictar sentencia, el juez Gandarillas les concedió a ambos acusados la posibilidad de expresarse, en lo que se conoce como “última palabra”.
De manera coincidente y en tono prácticamente inaudible (quizás presagiando lo que se venía), tanto Claudio Márquez como Sebastián Fernández repitieron la misma frase: “Soy inocente”.
La sentencia llegó exactamente una hora después. Todo lo demás ya es conocido.
Textos: Daniel Rocha
Fotos: Osvaldo Carballo