La entidad que nuclea a diarios y periódicos regionales de diversos puntos del país, entre ellos EL DIARIO, fijó su posición frente a la decisión del Ejecutivo Nacional con respecto a Papel Prensa.
El documento de DYPRA expresó lo siguiente:
“El envío a la Justicia de la denuncia por la venta de las acciones de Papel Prensa durante la última dictadura militar y al Congreso un proyecto de ley que permita regular y fomentar la producción de papel para periódicos, constituyen un paso trascendental, tanto a la hora de arrojar luz sobre lo que verdaderamente aconteció por aquel entonces, como avanzar en la democratización del sistema de comunicaciones argentino.
Desde DYPRA coincidimos con el concepto que los accionistas privados de Papel Prensa expresaron en una editorial el pasado 22 de agosto: “Quien controla la fabricación de papel, controla la palabra escrita”. Esta preocupación es la de cientos de editores de periódicos de todo el país, de todas las vertientes ideológicas, que desde hace muchos años ven restringida su libertad de información, y los lectores su derecho a informarse, al tener que imprimir menos pliegos de los necesarios, por la incidencia directa que tiene el costo del papel.
Nos interesa especialmente conocer las razones por las cuales Papel Prensa aumentó el papel para diarios un 420% desde la devaluación del peso en marzo de 2002 a la fecha (pasó de $500 a $2.600 la tonelada), mientras que, los dos únicos ingresos genuinos de la mayoría de los diarios locales (el precio de tapa y el centímetro de publicidad), crecieron apenas un 150% en dicho período.
Como empresarios Pymes y cooperativos de la industria cultural de los medios de comunicación gráficos, instamos a los representantes del pueblo, a que avancen para que deje de ser patrimonio de un pequeño grupo de medios “el control de la palabra impresa", legislando una norma que garantice precio, calidad, cantidad y provisión permanente sobre tal vital insumo, y de esa manera, se revierta una cuestión postergada por años por el Estado Nacional.
Esta inacción fue claramente funcional para fortalecer posiciones dominantes de un puñado de grupos económicos que contaron con papel suficiente, no sólo para sus ediciones, sino para proyectar su expansión incluso en el mercado de publicidades gráficas de grandes superficies comerciales, libros de bajo costo, suplementos, revistas, etcétera.
La sustitución de importaciones y la distribución “horizontalizada” de un insumo como el papel para periódicos mediante un marco regulatorio que emane de una ley del Congreso Nacional, constituirá -sin lugar a dudas- un enorme y fundamental avance en la democratización de la información pública, para que todos estén en igualdad de poder producir y transmitir información.
La decisión del Poder Ejecutivo abrió una oportunidad histórica.