A Carlos y Laura los engañó un vecino y se vieron implicados en maniobras de evasión por más de 600 millones de pesos. Sin saberlo, llegaron a ser titulares de abultadas cuentas bancarias de las que no sacaron ni una moneda. Esta es la historia...

El pasado fin de semana, la prensa nacional informó que el Juzgado Federal de Villa María había procesado a 25 miembros de una organización dedicada a crear "empresas fantasmas" para el blanqueo de operaciones agrícolas.
Los diarios, las radios y los canales de televisión de todo el país precisaron que cuatro de los imputados habían sido identificados como "organizadores o jefes de la banda" que realizó operaciones por más de los 600 millones de pesos, equivalente a unas 800 mil toneladas de soja.
Y todos coincidieron en señalar que los autores de las maniobras delictivas "creaban y administraban decenas de ‘carpetas’ de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos productores de los granos, quienes no tributaron impuesto alguno al fisco", según detalló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Lo que nadie contó es que dos de las personas que habían sido implicadas son una pareja de hermanos villamariense, humildes y trabajadores, que fueron vilmente engañados para que otros usufructuaran los dividendos de una millonaria evasión que logró salir a la luz gracias a la minuciosa investigación llevada adelante por el juez Federal Mario Eugenio Garzón y sus colaboradores, especialmente el fiscal Julián Falcucci.

Ricos sin saberlo

"Ni Laura Daniela ni Carlos Horacio Rodríguez estaban en condiciones de saber la existencia de cuentas corrientes a sus nombres, en las que se depositaban montos varias veces millonarios", expresó el titular del Juzgado villamariense al hacer propias palabras del fiscal Falcucci.
El magistrado agregó, "a título anecdótico, que finalizado el acto procesal de la indagatoria, el último de los nombrados (Carlos Rodríguez), con vestimenta sencilla y vestigios de cal en sus alpargatas, refirió que a sus problemas económicos se sumaba este nuevo con la Justicia, pero que no dejaba de tener un costado positivo".
"Ahora puedo decir que alguna vez en mi vida fui millonario, lástima que no lo sabía", le dijo Rodríguez al juez Garzón cuando declaró en las oficinas de calle 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad.

Gente humilde

Pese a figurar como titular de una cuenta millonaria, Carlos Rodríguez, "Gordo" para sus familiares y amigos, vive actualmente del remanente de un sueldo por un trabajo en una obra en construcción que ya terminó.
Nacido en Villa María el 3 de setiembre de 1979 (el próximo viernes cumplirá 31 años), Rodríguez vive en una humilde casita de barrio San Nicolás, que alquila por 400 pesos al mes, y sus condiciones de vida son regulares ya que no tiene ni televisor.
En cambio, su hermana Laura está desempleada, cobra 360 pesos por las asignaciones universales por dos hijos de corta edad y vive en el garaje de una sencilla casa de barrio Ameghino, a un par de cuadras de la ruta pesada.
Ella también nació en esta ciudad, el 20 de julio de 1981 (tiene 29 años), y sus condiciones de vida son más bien precarias, porque tiene que compartir el baño de la vivienda, la que -sorprendentemente- no posee agua corriente.
Aunque humildes y con muchas carencias, los dos hermanos (hijos de Carlos Oscar Rodríguez, ya fallecido, y de Silvia Graciela Castillo) saben leer y escribir y ninguno registra antecedentes policiales o penales.

Son inocentes

La historia es larga y quizás hagan falta otras notas similares a ésta para que todo quede debidamente explicitado. Sin embargo, para la Justicia, Laura y Carlos son inocentes y, por esa misma razón, fueron sobreseídos.
Los hermanos Rodríguez integraron una lista de 31 personas investigadas por Garzón, 25 de las cuales acaban de ser procesadas. También se dictaron tres "faltas de mérito" y hay un prófugo: Fernando Baeza, el vecino, "amigo" y embaucador de la pareja villamariense.

Los procesados

Los presuntos cabecillas de la organización son Miguel Angel Seri, Alberto Daniel Jáuregui y los hermanos Guillermo Daniel y Néstor Eduardo Boldorini (todos oriundos de Camilo Aldao), quienes fueron imputados en calidad de supuestos autores materiales del delito calificado como jefe organizador -cada uno de ellos- de "asociación ilícita fiscal" y se les trabaron embargos por 100 mil pesos a cada uno.
Otras 21 personas fueron consideradas coautoras de "asociación ilícita fiscal" y embargadas por 20 mil pesos cada una: Nilda Rosa Beilmann (peluquera y podóloga, concubina de Baeza, oriunda de Oliva, pero domiciliada en Progreso 473, en barrio Palermo de Villa María), Mónica Isabel Pronetto (nacida en Pozo del Molle, pero radicada en Río Salado 60, en barrio Vista Verde de esta ciudad), Carlos Sebastián Conte, Diego Nazareno Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Angel Ismael López, Mónica Gabriela Funes, Jorge Alberto Peralta, Elena Rocío del Valle Oroná, Alberto Oscar Mihaich, Raúl Osvaldo Gasparini, las hermanas Ariadna Jesús y María Julieta Seri (hijas de Miguel Angel), Sonia Morales, Martín Rodrigo Acuña y Jorgelina Rita Rosso.
En tanto, la resolución ordenó la "falta de mérito" de la escribana Silvia del Valle Olocco, de una tercera hija de Seri, llamada Natalí del Valle, y de Angel Vicente Piergentili, porque no se encontraron pruebas que señalaran que hayan tenido conocimiento de las maniobras.
Todos los acusados, a excepción de los tres últimos y de los hermanos Rodríguez, se negaron a declarar.

Cómo operaban

Las operaciones se realizaban desde la firma "Graneros SA", ubicada en la ciudad de Córdoba, y consistían en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como "venta de facturas truchas".
Esto se complementaba con el "servicio" de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).
Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba en abril de este año.
Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante el fiscal Falcucci, quien confirmó la existencia de la "asociación ilícita" que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
La investigación se profundizó con escuchas telefónicas que permitieron desentrañar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios.