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4 de Septiembre de 2010
Bell Ville
Quieren desalojar a 40 familias de ladrilleros
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Más de 100 personas involucradas en el rudo trabajo en hornos ladrilleros serían desalojados de un predio que reclama como suyo el legislador provincial y fiscal de Estado municipal, Domingo Carbonetti.
Al tomar estado público la difusión por parte de una comunidad de ladrilleros de origen boliviano, radicada en Bell Ville desde hace más de ocho años, que habían recibido una sentencia judicial por la cual debían abandonar las tierras donde ellos viven y trabajan; numerosas organizaciones sociales, agrupaciones políticas y gremiales, entre otros actores del medio, se movilizaron en pos de colaborar con los afectados para lograr una urgente solución a su acuciante problema.
Así, se pudo conocer que los obreros, quienes llegaron a Bell Ville hace ocho años, se entusiasmaron con la posibilidad de trabajar en un horno de ladrillos existente a la salida sur de la ciudad, en terrenos tradicionalmente de propiedad de una familia de apellido Ibarra. Dicha factoría en ese momento se encontraba inactiva por lo que los primeros trabajadores extranjeros formalizaron un trato verbal con el responsable del predio, Miguel Ibarra, acorde a los porcentajes que se suelen establecer para estos casos, informó www.opinionbellville.com.ar.
En un momento determinado, ya cuando el número de “horneros” era considerable, comenzaron a llegar a nombre de alguno de ellos notificaciones judiciales donde se les indicaba que existía una causa formal en su contra, pero iniciada por una persona de apellido Carbonetti, precisamente el actual representante de Bell Ville ante la Legislatura provincial y esposo de la intendenta Carmen Ceballos.
Luego de peregrinar ante numerosos estudios jurídicos de la ciudad, no encontraron, los damnificados, profesional alguno que los asesorara, varios de ellos, tras el argumento de que “Carbonetti me dio de comer mucho tiempo”, al decir de los norteños.
Sólo les habría quedado como recurso a los afligidos ladrilleros exponer su problemática ante la intendenta municipal, pero aparentemente, los resultados fueron exiguos, siendo recomendado el “consultar con alguna inmobiliaria” como respuesta comunal frente a la necesidad de vivienda manifestada.
En la actualidad, existen en la comunidad alrededor de 40 niños, la mayoría de ellos argentinos y bellvillenses, muchos de los cuales se encuentran plenamente integrados a la sociedad local asistiendo a escuelas primarias del medio. No obstante las productivas y rudas tareas de los mayores (hombres y mujeres a la par), las condiciones en que viven los menores son paupérrimas; sin servicio sanitario, sin agua potable cercana y sin suministro eléctrico.
Justo Callampi, uno de los afectados y miembro inicial del grupo, manifestó que aún continúan cumpliendo el trato verbal con Ibarra, pero que si pudieran obtener otro predio para trabajarlo y poder habitarlo, “estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario, no es nuestra intención apropiarnos de lo que no sea nuestro”.

“Si hubiera querido los hubiera
echado antes”

Al ser consultado por medios de prensa locales, Domingo Angel Carbonetti se refirió al tema asegurando que la cuestión no es nueva, “tienen un juicio hace cinco años, ellos se defendieron con abogados, se resistieron a irse y ahora cuando ya está la sentencia, reconocen que la propiedad no es de ellos”.
Interrogado sobre si podría caber alguna instancia de diálogo, en razón del cursado escolar de los niños, entre otras cuestiones, Carbonetti dijo: “Estamos dispuestos a escuchar sus intereses sociales, pero deberán abandonar el lugar", para añadir que "hay un tema social, los chicos, las condiciones en que viven y, por otra parte, la contaminación ambiental que generan a la ciudad”.
Relativo a lo extremo de la decisión judicial de exigir el desalojo, el funcionario explicó: “Siempre ha habido una predisposición de encontrar soluciones, si uno hubiera querido los hubiera echado antes”, mencionó.
Por último, respecto a la titularidad de la demanda a nombre precisamente suyo, el legislador Carbonetti enfatizó: “Los terrenos son nuestros, han sido comprados en remate judicial”.

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