Uno de los crímenes impunes más emblemáticos que se hayan registrado en Villa María en la última década comenzará a ventilarse en forma parcial a partir del próximo lunes en la sala de audiencias de la Cámara del Crimen local, donde se juzgará a un hombre que está acusado de haber intervenido indirectamente en el hecho.
Nos referimos al brutal asesinato del joyero villamariense Felipe Aráuz, quien fue ultimado a golpes en su casa de barrio Lamadrid, entre la madrugada y la mañana del viernes 2 de noviembre de 2001.
En el banquillo estará sentado Fernando Hermenegildo Fonseca, de 49 años, alias “Pelado Orlando Ortiz”, quien está imputado como “partícipe no necesario de homicidio simple”.
El juicio será presidido por la camarista Silvia Saslavsky de Camandone y contará con la intervención del fiscal Francisco Márquez y del abogado Antonio Sader, oriundo de la localidad de Ucacha, mientras que el secretario actuante será Roberto Jue.
Aráuz, un hombre viudo, de 75 años de edad y padre de dos hijas, fue encontrado muerto y en medio de un gran charco de sangre por la mujer que le llevaba la vianda todos los días a su casa de Santiago del Estero 1676.
El macabro hallazgo se produjo en horas del mediodía de aquel 2 de noviembre y, aunque nunca se pudo confirmar fehacientemente el móvil del crimen, siempre se sospechó que fue para despojar al septuagenario de dinero en efectivo, ya que por el rubro comercial que desarrollaba (joyería y relojería) en su hogar solía tener importantes sumas.
También se habló de un “ajuste de cuentas”, principalmente porque la caja fuerte que Aráuz tenía en su casa no fue violentada. Sin embargo, esa hipótesis perdió fuerza y se desvaneció con el paso del tiempo.
Desde un comienzo llamó la atención de los investigadores policiales el ensañamiento puesto en práctica por los asesinos, quienes llegaron a limpiar sus manos ensangrentadas en las paredes de la vivienda.
Durante la primera etapa de la instrucción judicial, desarrollada por el fiscal Gustavo Atienza, fue detenido Víctor Hugo Sánchez, un joven villamariense que por entonces tenía 21 años. La aprehensión se produjo tres meses después del hecho (en los primeros días de febrero de 2002), pero muy rápidamente se dictó “falta de mérito” del acusado, con lo cual recuperó la libertad luego de un par de semanas entre rejas.
La causa se reactivó en 2004, cuando Atienza dictó la orden de captura de Fonseca y de otro sujeto identificado como Osvaldo Díaz, que permanecieron prófugos más de cinco años.
Recién a mediados de octubre de 2009 se logró la detención de Fonseca, quien curiosamente fue atrapado en la localidad mendocina de Bowen por una contravención.
Cuando los efectivos mendocinos determinaron que se trataba de un hombre con pedido de captura, dieron aviso a la Jefatura de la Unidad Departamental General San Martín, que de inmediato envió una comisión a la provincia cuyana, encabezada por el comisario Omar Gallo, para traer al sospechoso hasta Villa María.

El marco legal

El delito que se le atribuye a Fonseca es legislado por el artículo 46 del Código Penal de la Nación, que determina que “los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad”.
Como el “homicidio simple” es reprimido con prisión de ocho a 25 años, al aplicarse lo establecido por el citado artículo la escala penal para el “partícipe no necesario” del mismo delito va de los cinco años y cuatro meses, hasta los 12 años y seis meses de cárcel.